Agentes electorales para el 1 de octubre
El referéndum independentista catalán que la Generalitat espera llevar a cabo el próximo 1 de octubre no contará con funcionarios del Estado para dar fe del proceso electoral. Según ha anunciado la secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira, la Generalitat se encargará de formar a “agentes electorales” que serán los encargados de suplir a los funcionarios en los comicios. Aunque el Tribunal Constitucional declarará la consulta ilegal, desde Cataluña ya se trabaja en la elaboración del censo electoral así como en la formación de estos agentes que evitarán las consecuencias legales que la participación de los funcionarios en la consulta podría acarrear.
Hacía tiempo que el Partido Popular se lo comunicó a la Generalitat pero ha sido ahora, cuando la consulta y la fecha sobre el referéndum se han concretado, cuando se ha asegurado que la actuación de los funcionarios el día 1 de octubre quedará reemplazada por unos “agentes electorales” a fin de evitar la sanción sobre los trabajadores del Estado. Estos agentes deberán sustituir a los 4 mil funcionarios que, en una situación normal de votación en Cataluña, se encargan de dar fe de que todo el proceso ha transcurrido con normalidad. Los “agentes electorales” ocuparán las mesas con las urnas donde se espera que acudan los ciudadanos catalanes a votar a favor o en contra de la independencia de España. Ha sido la secretaria general de Esquerra Republicana y portavoz de Junts pel Sí en el Parlamento de Cataluña, Marta Rovira, la encargada de comunicar la noticia a la que ha añadido que la Generalitat también se ha puesto las manos a la obra ya para elaborar el censo electoral.
Debido a que el referéndum será declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, los funcionarios no podrán participar en él y si lo hiciesen se enfrentarían a consecuencias tanto laborales como judiciales. Es por ello que la Generalitat trabaja en la formación de “agentes electorales” que traten de reproducir “el mismo formato de las jornadas” de votación en Cataluña. Aunque la ilegalidad de la consulta lo impedirá, Rovira se muestra convencida de que la situación se arreglará y la consulta podrá realizarse finalmente. Así mismo, aseguró que “ante las amenazas del Gobierno estamos trabajando para la máxima preservación de los funcionarios”. Recalca además que si el peso de la ley por la jornada de consulta ha de caer sobre alguien será sobre los cargos políticos y no sobre los funcionarios.
