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viernes, 2 de junio de 2017

Las dos caras de la Paz en Colombia

Por DesdeCuba

La solución al conflicto civil en Colombia parece estar cada vez más lejos. Los ciudadanos colombianos han sido víctima durante más de 50 años de una guerra civil, que detenta el triste récord de ser la más larga del hemisferio occidental. Es precisamente la solución de tan grave problema una de las metas a lograr en materia de política doméstica del actual presidente colombiano, Juan Manuel Santos.

 

La terminación del conflicto armado ha sido una asignatura pendiente para varias administraciones. En 2016 concluyó el proceso de negociaciones entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el gobierno, que comenzó en 2012 en Oslo (Noruega) y luego fue trasladado a La Habana (Cuba). En el acuerdo final se planteó la solución de cuestiones como la participación del grupo guerrillero en la vida política de la nación, la reparación a las víctimas del conflicto y el problema agrario. En este contexto, el segundo grupo beligerante más influyente, el Ejército de Liberación nacional (ELN), decidió entablar conversaciones de paz con el Gobierno.

Este último proceso se lleva a cabo actualmente en Ecuador, con una agenda muy similar al sostenido con las FARC-EP. El mismo transita por su segunda ronda de diálogos y demuestra una voluntad por parte de ambos negociadores para buscar una solución rápida y mutuamente beneficiosa.

Sin embargo, el culminado ciclo con las FARC-EP, ha presentado no pocas dificultades en su implementación, sentando un precedente negativo. Primeramente, el fracaso del Referéndum, mediante el cual se pretendía legalizar el acuerdo alcanzado en La Habana. Luego, surgieron problemas con la reubicación y las condiciones de los campamentos provisionales para los guerrilleros. Por último, sobrevinieron los cambios introducidos en el Acuerdo de Acceso a la Tierra. Según un comunicado de las FARC-EP, el texto enviado por el gobierno a las comunidades para su análisis no corresponde con el acordado durante las conversaciones. No se trata de simples errores, sino de cambios que contradicen por completo lo acordado.

Estos problemas ponen en tela de juicio la honestidad del gobierno de Santos a la hora de cumplir con sus obligaciones. Tales actos resultan contraproducentes para el fin del conflicto, ya que pueden minar el actual diálogo en Quito y alejar a otros grupos guerrilleros del inicio de una negociación formal de paz con las autoridades. De ser un hecho aislado, su importancia sería menor, pero es parte de una cadena que deja en entredicho la voluntad real del gobierno de acabar con la guerra civil en el país. Además, Santos y sus asesores no se pueden dar el lujo de cometer tales imprudencias, más aún cuando existen al interior del país grupos de mucha influencia opuestos a la paz. Deben actuar con prudencia, al menos si su verdadero objetivo es poner fin al conflicto armado de larga data.

Para poder logar su promesa de campaña, la cual lo llevó a la reelección en 2014, el presidente debe adoptar una línea coherente en ambos procesos y no convendría, de ninguna manera, un retroceso o una traición. Esto significaría un suicidio político y la prolongación del conflicto interno por otro largo período, pues en la carrera por la presidencia, el paramilitarismo parece tomar fuerza inusitada.

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