Se acabó el conflicto entre estibadores y patronal
Tras cuatro meses de conflicto debido al decreto gubernamental que liberalizó la estiba, los sindicatos de estibadores y la patronal del sector alcanzaron por fin esta semana un acuerdo para negociar un nuevo convenio, más atemperado a las circunstancias actuales derivadas de la reforma. Las partes, representadas por la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), líder de los sindicatos del sector, y por Anesco, la patronal, fueron el jueves a la mesa con la idea clara de zanjar de una vez la disputa. El acuerdo que alcanzaron garantiza así la subrogación de los trabajadores portuarios, principal reclamo de los estibadores y motivo por el cual convocaron varias jornadas de huelga.
La subrogación permite que los empleados mantengan sus puestos de trabajo pese al cambio en el régimen legal del sector. Al lograrla, los estibadores vieron satisfecha su principal demanda durante todo el proceso de negociación. La patronal se había opuesto con fuerza a esto desde antes de la aprobación del decreto, pero su posición se fue desgastando durante las últimas semanas, ya que las empresas fueron cerrando acuerdos con sus trabajadores individualmente, a fin de evitar las pérdidas derivadas de las jornadas de paro. Alcanzado el acuerdo entonces, los sindicatos de los estibadores desconvocaron las jornadas de huelga que estaban previstas para los días 3, 4, 6 y 7 de julio. De haberse llevado a cabo esas protestas, se habrían incrementado las pérdidas ocasionadas por el calendario de paros que se han ido realizando hasta la fecha, cifradas por Fomento en unos 150 millones de euros.
La patronal no es la única que cedió en sus posiciones con el acuerdo del jueves. Ambas partes lo hicieron y solo así pudieron llegar a un necesario entendimiento. Los empresarios condicionaban la subrogación a una previa reducción de plantillas, pero finalmente aceptaron subrogar a los estibadores antes de acometer el necesario ajuste en el colectivo, lo cual harán mediante prejubilaciones voluntarias. Por su parte, los sindicatos accedieron a una rebaja salarial de un 10 por ciento cuando se haga la subrogación y renunciaron en su propósito de que las empresas se comprometiesen a intervenir en los Centros Portuarios de Empleo (CPE). Estos centros son las nuevas empresas de trabajo temporal (ETT) en que se pueden convertir las sociedades de gestión de estiba portuaria (sagep), que son las firmas de las que dependían todos los estibadores hasta ahora y que, por ende, monopolizaban el sector.
Resueltas estas diferencias fundamentales, sindicatos y patronal accedieron a empezar el proceso de negociación del nuevo convenio colectivo de trabajo para el sector. Este deberá estar adaptado a la reforma aprobada por el Gobierno, que pudo ser instrumentada luego de meses de debate, negociación y huelgas. Madrid tuvo que reformar su estiba a petición de la Comisión Europea y a riesgo de que, si no lo hacía, seguiría exponiéndose a cuantiosas multas. En este sentido, se estima que el conflicto en el sector siga latente. El venidero 13 de julio está programado que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre la multa acumulada que podría enfrentar España de 24 millones de euros, por haber aprobado la requerida reforma de liberalización de la estiba en los puertos con dos años de retraso la directiva. La medida respondería a una sentencia en firme que la instancia judicial europeo dictaminó en diciembre de 2014. Finalmente, la reforma se aprobó y se va instrumentando, y empresarios y estibadores llegaron al acuerdo. Esperemos entonces que todo pueda resolverse y que el país no deba abonar más tantos montos. Las partes en conflicto deben resolver sus diferencias de una manera más eficiente y rápida, sobre todo cuando ello le cuesta cifras millonarias a la economía del país, que al final se refleja en el día a día de cada español.
