Enviar por email

tu nombre: email destino: mensaje:
Nombre de Usuario: Email: Contraseña: Confirmar Contraseña:
Entra con
Confirmando registro ...

Edita tu perfil:

Usuario:
País: Población: Provincia:
Género: Cumpleaños:
Email: Web:
Como te describes:
Contraseña: Nueva contraseña: Repite contraseña:

viernes, 22 de septiembre de 2017

El 9% de españoles no tiene los derechos garantizados

Por Jacky

El presidente del Comité Español de Representantes de las Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo, demandó este martes una Ley Estatal de Garantías y Derechos Sociales, asegurando que es necesario que se modifiquen las leyes orgánicas que regulan los derechos fundamentales de este colectivo. Dentro de las modificaciones que Cayo considera imprescindibles destaca la reforma del régimen electoral, pues el actual priva de su derecho fundamental al voto a 100 mil personas discapacitadas, por lo que esta cifra representa entonces una vulneración de derechos fundamentales. Cayo denunció también que la Ley del Jurado implanta exclusiones de personas discapacitadas, solicitando por ello la retirada de la normativa que aplica la esterilización forzosa de algunas mujeres, y la supresión de internamiento involuntario para ciertos enfermos mentales.

Durante una comparecencia en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, el funcionario recordó que en 2011 hubo un primer intento de modificación normativa, pero se limitó a 20 leyes ordinarias, cuando el CERMI consideraba que había que reformar hasta 90, pero no se tocaron las orgánicas.

En ese sentido, calificó de prioridad la reforma de la Carta Magna, que busca constitucionalizar los derechos sociales de los discapacitados como fundamentales, con la aprobación de una ley estatal de garantía de esos derechos y otra de carácter orgánico con el fin de adecuar el ordenamiento jurídico de España a la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En lo referido a la nación en general, denunció la presencia de una exclusión sistémica y estructural, pidiendo a los grupos que este colectivo esté presente en la acción política y legislativa del país desde un enfoque exigente de derechos humanos.

Dentro de las modificaciones que Cayo considera imprescindibles, destaca la reforma del régimen electoral, pues el actual priva de su derecho fundamental al voto a 100 mil personas discapacitadas, por lo que esta cifra representa entonces una vulneración de derechos fundamentales. Además, el activista llamó a los grupos parlamentarios a reformar la LOMCE, con el fin de la universalización de la educación inclusiva para que se establezca un sistema en el que niños y jóvenes se encuentren en entornos compartidos, pues según sus datos, sólo el 80 por ciento están en el sistema ordinario y el 20 por ciento restante en segregado.

Cayo denunció también que la Ley del Jurado implanta exclusiones de personas discapacitadas, solicitando por ello la retirada de la normativa que aplica la esterilización forzosa de algunas mujeres, y la supresión de internamiento involuntario para ciertos enfermos mentales. Demandó además que se reviertan los recortes de derechos y prestaciones que indujeron las políticas de austeridad, y recordó que más de 4 millones de personas en España son discapacitados, cifra que se incrementa a los 12 millones si se cuentan las familias, ya que es una situación que influye en ese ámbito con impacto inmediato.

Teniendo en cuenta datos proporcionados por el CERMI, uno de cada 5 hogares presenta una situación de discapacidad, porcentaje que sigue aumentando por nuevas discapacidades y por el envejecimiento poblacional. En ese sentido, de los 4 millones de discapacitados, que representan el 9 por ciento de la población, el 60 por ciento son mujeres y la misma cifra corresponde a mayores de 65 años.

En consonancia con la campaña 'Horizonte Accesibilidad 4 diciembre 2017' desarrollada por el CERMI para denunciar mensualmente la ausencia de accesibilidad en un determinado ámbito, Cayo recordó que el plazo legal para que todos los entornos, bienes y servicios de interés sean accesibles se termina en menos de tres meses. Es por ello que instó a crear el Fondo para la Accesibilidad Universal, que funcionaría a partir de destinar el 1 por ciento de los presupuestos del Estado en lo referido al Fomento y Agenda Digital, así como de los ingresos de sanciones económicas de la administración general del estado causadas por infracciones por ausencia de accesibilidad.

Por otra parte, en lo referido al ámbito de trabajo, explicó que todavía las personas con discapacidad sufren un nivel de exclusión superior al resto de la población. Con el fin de revertir esa situación, exhortó al Ejecutivo y al Legislativo a impulsar medidas para incrementar la tasa de actividad de las personas con discapacidad en cinco años, buscando variar del 38 por ciento actual al 50 por ciento.