La Fiscalía General de España se pasa de frenada
La asociación judicial Jueces para la Democracia consideró hoy desmesuradas las actuaciones de la Fiscalía General del Estado español para impedir la celebración el próximo domingo de un referendo independentista en Cataluña, suspendido por la justicia. El portavoz de la citada organización, Ignacio González, en una entrevista ofrecida al canal televisivo Antena 3, opinó que el Ministerio Público 'está acudiendo a medidas totalmente desproporcionadas y mientras que está poniendo en riesgo derechos fundamentales'. El representante de una de las cuatro asociaciones mayoritarias de jueces españoles se refirió a la férrea ofensiva judicial y policial que, a instancias del gobierno de Mariano Rajoy, fue desplegada para frenar la consulta secesionista, prohibida por el Tribunal Constitucional.
González aludió a declaraciones del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, quien la víspera no descartó la posibilidad de arrestar al presidente del ejecutivo catalán, Carles Puigdemont, por presunta malversación de fondos públicos para organizar el escrutinio. Seguún la opinión del vocero de la instancia progresista, las palabras de Maza, que calificó de inoportunas, añaden más leña al fuego. Además, criticó la orden del fiscal de citar a declarar a los más de 700 de los 948 alcaldes de Cataluña que mostraron su respaldo a la realización del referéndum de autodeterminación en esa comunidad autónoma, de 7,5 millones de habitantes.
Para el portavoz de Jueces para la Democracia, en ese proceder la Fiscalía 'tiene un papel ciertamente agresivo', pues es cuestionable que estemos ante unos hechos de naturaleza delictiva, enfatizó. Apeló a la clase dirigente para que busque una solución al conflicto territorial en Cataluña, visto por analistas como la peor crisis institucional en cuatro décadas de democracia española. 'Los políticos tienen la obligación de sentarse a hablar', expresó González, tras lamentar que el protagonismo hoy lo tengan jueces, fiscales y policías. A cinco días de la controvertida votación, la administración de Rajoy incrementó todo su arsenal para desmantelar el aparato logístico de una consulta que considera ilegal, paralizada a petición suya por el Tribunal Constitucional de España.
Recientemente, el gobierno español anunció el despliegue en Cataluña de más efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil para reforzar la seguridad de cara al referendo secesionista del 1 de octubre en esa región. Existe ahora una alta tensión ante la junta independentista, suspendida por el Tribunal Constitucional.
El ejecutivo conservador de Mariano Rajoy informó a las autoridades de la citada comunidad autónoma el envío de esos refuerzos. La medida fue comunicada por el ministro español del Interior, Juan Ignacio Zoido, al consejero de Interior de la Generalitat (ejecutivo regional), Joaquim Forn. Las unidades adicionales de ambos cuerpos armados apoyarán a la Policía autonómica de Cataluña, los Mossos d'Esquadra, indicó Zoido en una carta remitida a Forn.
El departamento del Interior subrayó que las funciones de estos efectivos serán las de vigilar el espacio público y mantenimiento del orden, y actuarán en caso de mantenerse el referéndum de autodeterminación, considerado ilegal por la administración de Rajoy.
Esta expansión sucede después que la grave crisis territorial se trasladó el miércoles a las calles de Barcelona, capital catalana, tras el arresto de altos cargos de la Generalitat y la confiscación de abundante material electoral por parte de la Guardia Civil. A pesar a la apropiación de casi 10 millones de papeletas de votación y las advertencias del poder central, el presidente catalán, Carles Puigdemont, ratificó la víspera su decisión de realizar la consulta en esa región del noreste del país, de 7,5 millones de habitantes. «El 1 de octubre se ejecutará el referéndum de independencia que tenemos convocado. Se hará porque teníamos previstos planes de contingencia para garantizarlo, pero, sobre todo, se hará porque tiene el apoyo de la inmensa mayoría de la población», aseguró.
A través de un mensaje institucional difundido en las redes sociales, Puigdemont afirmó que él y su gobierno se sienten 'completamente apoyados y preparados para afrontar los embates que vendrán', en alusión a la férrea ofensiva de Madrid para impedir el escrutinio. La administración de Rajoy advirtió reiteradas veces que usará todos los medios legales para frenar la cita con las urnas prevista en apenas nueve días, con la cual las fuerzas separatistas pretenden proclamar la República catalana.
El referéndum está convocado para el 1 de octubre del 2017, según el decreto firmado por el Govern de la Generalitat en pleno poco antes de la medianoche del 6 de septiembre, justo después de que el Parlamento catalán aprobara la ley del referéndum. La pregunta es «¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente en forma de república?» El referéndum sobre la independencia de Catalunya respecto de España está convocado con carácter vinculante. Según la ley aprobada en el Parlamento y si hay más votos afirmativos que negativos la Cámara catalana declarará la independencia en los dos días siguientes a la proclamación de resultados. En caso contrario, se convocarán de inmediato elecciones autonómicas.
