Los posibles crímenes de lesa humanidad de Venezuela
La Organización de los Estados Americanos (OEA) abrirá este jueves dos meses de audiencias públicas para que un grupo de expertos determine si existe o no fundamento para denunciar al Gobierno de Venezuela por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional (CPI). Esta sería la primera vez que la OEA, con sede en Washington, impulsa una actividad similar a iniciativa de su secretario general, Luis Almagro, quien desde hace algún tiempo es una de las personas más críticas con el Gobierno de Nicolás Maduro.
El diplomático sorprendió a los Estados miembros de la OEA en el pasado mes de julio al realizar el anuncio de las audiencias y el nombramiento del ex primer fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, como su asesor especial para crímenes de lesa humanidad.
El también abogado y político uruguayo, Luis Almagro, estará a cargo de las sesiones y será quien moderará y preguntará en las intervenciones de los denunciantes. En las dos primeras audiencias programadas para este 14 y 15 de septiembre, se podrán escuchar los testimonios de representantes de la sociedad civil y también de militares exiliados. En representación de la Secretaría General estará Néstor Méndez, adjunto de Almagro, quien actualmente se encuentra en México por viaje de trabajo.
De acuerdo con las fuentes consultadas, la unilateralidad con la que Almagro dio el paso al frente para organizar las audiencias ha provocado inquietud, e incluso malestar entre algunos embajadores en la OEA. Algunos de ellos se han mostrado en desacuerdo y se quejan porque “una vez más” no se les consultó la iniciativa. Además de la “sorpresa”, los funcionarios diplomáticos cuestionan que la OEA sea, o no, el foro adecuado para analizar la situación de Venezuela, y el escenario indicado para discutir el tema sobre los crímenes de lesa humanidad que especulan allí se han ejecutado. Algunos manifiestan que, en cualquier caso, debería ser la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la que se ocupe de evaluarlo, mientras que otros opinan que buscar crímenes de lesa humanidad es quizás forzarlo demasiado.
El martes pasado (12 de septiembre), la misión de Venezuela en la OEA denunció la iniciativa ante el Consejo Permanente y a través de una nota en los medios de comunicación; y consideraron que se trata de una actividad de propaganda con fondos desconocidos para agredir a un Estado miembro. Ante el hecho, la legación quiere saber quién financiará los gastos que acarreen las audiencias, por ejemplo el pago de traductores; y además se cuestionan con qué fondos viajarán a Washington los ciudadanos venezolanos para denunciar al Gobierno de Nicolás Maduro.
Sin embargo, aunque no se saben más detalles al respecto, medios de comunicación refieren que fuentes de la OEA han explicado que no serán usados fondos de la organización para las audiencias, sino que en su lugar serán empleados “fondos externos y voluntarios”.
A pesar de que a la misión de Venezuela se le ha enviado la misma invitación que al resto de las delegaciones, los representantes venezolanos no acudirán porque no quieren validar una denuncia que consideran ilegal. Desde el mes de junio de este año, el presidente Nicolás Maduro decidió iniciar el proceso de retirar a Venezuela de la OEA, luego de la convocatoria a una reunión de cancilleres en marzo para discutir asuntos internos de la nación bolivariana.
Las sesiones que le siguen aún no están programadas, pero se ha informado que antes del 30 de octubre un panel de expertos, que aún no está configurado, deberá analizar la información que se obtenga. Si el asesor especial para crímenes de lesa humanidad, Luis Moreno Ocampo, y los demás expertos nombrados concluyen que hay fundamento para denunciar a Venezuela ante la CPI, solo quedaría por ver si es Almagro quien lleva el caso ante el tribunal o si lo hace alguno de los 28 Estados de la OEA que son parte del Estatuto de Roma. Fuentes de La Haya explicaron que con una referencia la Fiscalía de CPI debería abrir, automáticamente, un examen preliminar.
