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martes, 17 de octubre de 2017

Argentina pide justicia para Milagro Sala

Por LauraB

La dirigente social argentina Milagro Salas lleva prisionera más de un año mientras el gobierno y los medios de comunicación hacen oídos sordos a los reclamos por su liberación. La detención arbitraria de Sala colocó el debate sobre las grandes grietas que ha causado el actual gobierno del presidente Mauricio Macri a la democracia argentina. La justicia argentina revocó la prisión domiciliaria a la activista Milagro Salas y la trasladó nuevamente a un penal femenino debido a que no cumplió con el requisito de realizarse una revisión médica. Luego, decidió dejarla vigilada fuera del penal. En los últimos días reapareció una imagen de policías llevándosela descalza a otro centro penitenciario.

Sobre la activista social y política de 53 años pesan acusaciones de asociación ilícita, fraude y amenazas. Sala, de origen indígena, ha negado los cargos y se considera una perseguida política. La decisión última de revertir el arresto domiciliario se debió a supuestos incumplimientos de las condiciones de la detención. Los abogados defensores de Sala consideraron la orden como un secuestro porque ellos no fueron notificados y denunciaron también que se la habían llevado "en pijamas y descalza". El esposo de la activista, Pedro Raúl Noro, dijo que estaban muy preocupados porque consideró que ese arresto atentaba contra los derechos de Sala.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envió una misión a Jujuy para constatar el estado de la activista, la cual concluyó que ésta se encontraba en una situación de gravedad y urgencia. La parlamentaria del Parlasur por el Frente Para la Victoria fue arrestada el 16 de enero de 2016. El gobernador de la provincia argentina de Jujuy, a unos 1 600 kilómetros de Buenos Aires, Gerardo Morales, le atribuye varias causas como asociación ilícita y extorsión en el supuesto desvío de fondos destinados a la construcción de viviendas sociales.

Sin embargo, el verdadero crimen de Sala es trabajar por los derechos de la etnia mapuche que representa. Ella hizo pública una carta en la cual denuncia al gobernador Morales de armar al menos 11 causas en su contra y que le niegan el derecho a un juicio justo.

El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas también califica la detención de Sala como arbitraria y le exige al Gobierno argentino proceder a su liberación inmediata.

Junto al joven Santiago Maldonado, desaparecido hace más de un mes, Sala constituye un guiño peligroso del retorno a los tiempos grises de la dictadura en la nación sudamericana. En esa época hubo cerca de 30 mil desaparecidos políticos. Esa es una huella con la que carga Argentina.