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sábado, 21 de octubre de 2017

La justicia llega ahora para una víctima del apartheid

Por javier91

El activista antiapartheid sudafricano Ahmed Timol recibió el pasado jueves 12 de octubre al fin justicia cuando la Corte Suprema de Gauteng declaró su muerte como asesinato, 46 años después que su deceso fuera dictaminado como suicidio. Timol fue hecho preso por la policía del apartheid en la década de los 70 y cinco días más tarde fue lanzado desde el décimo piso de la entonces estación de policía de la Plaza Vorster de Johannesburgo, después de ser torturado. Así lo ha dictaminado el juez Billy Mothle al dar las conclusiones de las investigaciones realizadas a petición de la reapertura del caso por parte de los familiares del joven maestro de 29 años.

Mothle dijo que el joven no saltó por propia voluntad, sino que fue empujado desde la ventana de la habitación en que estaba detenido o desde la azotea del edificio, por lo que fue asesinado. Agregó que las fuerzas policiales del régimen de minoría blanca realizaron muchos esfuerzos para ocultar y disfrazar el crimen. Comentó que la forma descuidada en que fue tratada entonces la investigación indica que existió la clara intención de ocultar lo ocurrido con la fabricación de una versión de suicidio. El juez ordenó la investigación del entonces sargento del régimen del apartheid Joao Rodriguez, quien fue la última persona en ver al joven vivo. La corte, además, invalidó el dictamen emitido en 1972 al dar las conclusiones de este proceso iniciado en junio pasado y que contó con numerosos testigos que narraron golpeaduras y torturas, confirmadas por la patóloga doctora Shakeera Holland. La experimentada especialista explicó que algunas de las heridas en el cuerpo de Timol ocurrieron al menos 12 horas antes y otras hasta cuatro o cinco días de antelación y aseguró que el detenido fue atacado físicamente durante su detención y que mostraba una herida en la cabeza causada por un objeto contundente.Timol, integrante del Partido Comunista de Sudáfrica, fue detenido junto a Salim Essop, quien narró las torturas a que fue sometido tan pronto fue apresado, pero fundamentalmente al ser trasladado a la estación de la Plaza Vorster. Durante su testimonio Essop afirmó que días después del arresto vio a un prisionero encapuchado en la estación que caminaba con dificultad y que identificó como Timol. Otros testigos expresaron ante el tribunal ese mismo criterio de que Timol fue asesinado, mientras algunos recordaron que el activista contra el apartheid fue el prisionero número 22 en morir cuando estaba detenido por la policía del apartheid.

Décadas después del final formal del Apartheid, la mayoría de los sudafricanos siguen enfrentando cada día la violencia, la pobreza y la segregación. Entre ellos, los supervivientes de aquellos años continúan resistiendo a los impactos psicosociales derivados de las atrocidades sufridas y al olvido por parte del Estado. Hace años un pequeño grupo de ellos se unió para formar el Grupo de Apoyo Khulumani –hoy la mayor organización de víctimas del país–, brindarse apoyo mutuo y exigir al Gobierno verdad, justicia y reparación. Esta lucha de los supervivientes, tan viva hoy como entonces, es una respuesta frente a las limitaciones del sistema de Justicia Transicional implementado en Sudáfrica entre 1994 y 1999 –el período de gobierno de Nelson Mandela– y al abandono de quienes más duramente sufrieron las consecuencias del Apartheid. Una pieza clave de este proceso fue la Comisión de Verdad y Recon­ci­lia­ción, que trabajó entre 1995 y 1998.

La comisión fue creada con los objetivos expresos de ayudar a la reconciliación nacional, desvelar toda la verdad sobre las innumerables atrocidades cometidas, otorgar o denegar la amnistía a los perpetradores de éstas y realizar recomendaciones en materia de reparación y rehabilitación para los supervivientes. Recogió el testimonio de 22.000 víctimas y 7.000 victimarios, otorgando la amnistía solicitada a 849 de ellos. En sus sesiones, televisadas a todo el país, se reconoció la responsabilidad del Estado sudafricano y de los ejércitos de liberación en la comisión de graves violaciones de derechos humanos. Su informe final recogió un conjunto valiosísimo de recomendaciones en materia de reparación y reconciliación.

Sin embargo, a pesar de estos datos y de los esfuerzos de sus comisionados, aquélla no tuvo los resultados anunciados y excluyó a la mayoría de los supervivientes. Como denunció Khulumani en 1996, en muchas áreas del campo y algunas ciudades del país no llegó nadie para informar o tomar testimonio. En otros casos, las amenazas, la desinformación o la disuasión por parte de los poderes locales limitaron la participación de las víctimas. Como consecuencia de esto, la mayoría quedaron excluidas del derecho de reparación y rehabilitación al no ser considerada víctima ninguna persona que no testimoniase como tal ante la comisión. Al mismo tiempo, la mayoría de los perpetradores, y en especial los agentes policiales, militares y paramilitares vinculados al régimen del Apartheid, no participaron en las audiencias. Muy pocas personas rompieron filas para testificar y muy pocas de aquellas a quienes se denegó la amnistía fueron posteriormente juzgadas.