La trata de personas no tienen freno en México
Según el informe Trata de Personas en México, presentado el pasado lunes en el Senado por la comunidad Hispanics In Philantropy (HIP), la trata de personas en ese país se expandió hacia las comunidades indígenas, cuyas mujeres son capturadas y trasladadas desde la zona sur de la nación hacia otras regiones de la misma (el norte o el Bajío, por ejemplo), con el fin de que sean manejadas como esclavas sexuales por parte de organizaciones que promueven el crimen organizado. Son usadas como trabajadoras domésticas o para el transporte de sustancias adictivas de un estado a otro además de ser objeto de abusos sexuales.
El documento presentado constituye una mirada desde varias organizaciones de la sociedad civil y, para elaborarlo, los investigadores de la HIP entrevistaron a 70 asociaciones civiles mexicanas. Asimismo, se dividió al país en cuatro regiones: norte, sur, centro y El Bajío, puntualizó Francisco Jesús Gómez Ontiveros, consultor de Hispanics In Philantropy. Respecto a la situación de la zona norte, donde fue el encargado de coordinar la faena, el consultor apuntó que la trata de personas es un problema que afecta, igualmente, a hombres jóvenes, adultos mexicanos, y migrantes, los cuales son contratados para laborar en la industria de la construcción. También manifestó que en dicha zona el crimen organizado absorbe personas, habitualmente migrantes, y los utiliza en fines criminales, entre ellos la siembra de drogas en las regiones de Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas, Baja California y Coahuila. La investigación asevera que la trata de personas está relacionada, sobre todo, con los feminicidios, así como también con la desaparición de niñas, jóvenes, mujeres y hombres. Evidencia igualmente que en San Quintín, Baja California, se manifiestan situaciones de explotación y trata para provocar situaciones de trabajo forzado o servidumbre; además de que es usual la venta de personas con fines de explotación sexual por parte de sus parejas; inclusive, por parte de sus padres. Esto también sucede en las regiones de Sonora, Sinaloa y Baja California Sur. Por su parte, la también consultora de HIP, Mayela Blanco, acentuó que en la zona conocida como El Bajío, la cual comprende los estados de Querétaro, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Aguascalientes y Nayarit, fueron encontrados movimientos de población local de manera interna. Estas personas –detalló– son contratadas en ranchos agrícolas, frecuentemente por parte de empresarios que maniobran de forma clandestina. Estos empresarios contratan, además, a indígenas y migrantes, para explotarlos desde el punto de vista laboral y obligarlos a hacer trabajos forzosos. Añadió que en El Bajío conocieron de casis de pornografía infantil, explotación sexual, desaparición de mujeres y niñas; tanto como casos de abuso sexual y laboral hacia personas indígenas. Esto último en las regiones de Guanajuato y San Luis Potosí, donde, según Mayela Blanco, existen denuncias de abuso sexual por parte de patronas y patrones, aunque estos son trasladados, después, hacia estados como Baja California. Ejemplo de ello –dijo– es el caso de una persona que fue reportada como desaparecida en San Luis Potosí, y fue hallada más tarde en Aguascalientes, llevando a cabo trabajos forzados. Según el documento, si bien la violencia de género está presente en toda la nación mexicana, en ésta región resultó trascendental por los altos índices de exclusión y falta de desarrollo que presentan las mujeres, adolescentes y niñas. Igualmente, señala que la presencia de un mayor número de empresas en la zona industrial del país, genera una demanda superior de servicios, incluidos los sexuales, referidos por la alta presencia de migrantes de países como Japón y China.
La trata de personas en la nación azteca no es nada novedoso. Según el Reporte sobre Tráfico de Personas presentado en el año 2016 por la Embajada y consulados de Estados Unidos en México, este es un país de origen, tránsito y destino de hombres, mujeres y niños, víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual y trabajo forzado. Asimismo, establece como grupos más vulnerables a las mujeres, menores de edad, comunidades indígenas, así como también a los discapacitados físicos e intelectuales, los migrantes, y las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales. Por otra parte, subraya que hombres, mujeres y niños mexicanos son sometidos a la explotación laboral en renglones como la agricultura, los servicios domésticos, la construcción, la mendicidad forzada y la venta callejera; y que, usualmente, las víctimas son seducidas por reclutadores laborales que se valen de recursos como el fraude, las relaciones románticas engañosas, o la extorsión.
