Puigdemont y sus consejeros se enfrentan al delito de rebelión
La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo acusan al expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y a trece de sus exonsejeros, junto a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, de los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos. Así lo anunció este lunes el mismo fiscal general del Estado, José Manuel Maza, al dar a conocer la querella donde se acusa a los imputados de alentar un “movimiento de insurrección activa entre la población” para conseguir la independencia de Cataluña.
Por mucho que el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, hay decidido que escapar a Bélgica, desde España nadie le olvida. Y, sobre todo, la justicia. El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, se lo ha dejado muy claro este lunes cuando ha anunciado los cargos que se imputan al expresidente catalán así como a un ramillete de quienes le siguieron. Hasta treces exconsejeros del Gobierno de Cataluña acompañan a Puigdemont en este desafío a la justicia que tampoco ha querido olvidar a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, así como a otros cinco miembros de la Mesa de la Cámara. Para ellos, la Fiscalía General del Estado ha presentado ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo una serie de querellas entre las que se incluyen los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos.
Los días 6 y 7 de septiembre, cuando el Parlament aprobó, sin contar con la oposición, las leyes de desconexión de Cataluña; el día 1 de octubre, cuando tuvo lugar el referéndum independentista suspendido por el Tribunal Constitucional y prohibido por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña; y el pasado sábado, cuando un ya cesado Puigdemont se dirigió a los catalanes como presidente de la Generalitat a través de un discurso retransmitido por TV3; han sido los días principales en la investigación. Se les acusa de alentar un “movimiento de insurrección activa entre la población” para conseguir la secesión de Cataluña. Se añade también que “han producido una crisis institucional que culminó con la declaración unilateral de independencia realizada, con total desprecio a nuestra Constitución, el pasado 27 de octubre”. Una serie de hechos que han llevado a incluir el delito de rebelión, con una pena que puede alcanzar los treinta años de prisión, por alzarse “pública y violentamente” para, entre otros objetivos, “derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución” o “declarar la independencia de una parte del territorio nacional”.
