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viernes, 3 de noviembre de 2017

La juez manda a prisión al Govern de Cataluña

Por Verónika Lorient

El tema de la independencia de Cataluña ha dado mucho de qué hablar en los últimos días. Lo último que se conoció fue que la justicia de España ordenó prisión incondicional sin fianza para el cesado vicepresidente Oriol Junqueras y otros siete exconsejeros del gobierno catalán por cargos relacionados con el proceso secesionista en esa región.

El hecho fue un pedido de la Fiscalía General del Estado español, la cual acusó a los funcionarios de rebelión, sedición y malversación por su presunta responsabilidad en la declaración unilateral de independencia de esa comunidad autónoma. Por su parte La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela asumió ese pedido del máximo órgano judicial del Estado. Los dirigentes separatistas irán a la cárcel por los delitos vinculados con el plan de la Generalitat (Ejecutivo catalán), que culminó el 27 de octubre con la proclamación de una República por el parlamento de esa región.

El argumento de la jueza consiste en que la acción de los querellados fue meditada y perfectamente preparada, incumpliendo sistemáticamente de las resoluciones del Tribunal Constitucional en pro de la independencia.

La jueza del alto tribunal consideró que hay probabilidades de que los acusados huyan de la justicia, pues tienen un poder adquisitivo que les permite abandonar fácilmente el territorio español y subsistir en el extranjero. De ese modo hizo referencia al destituido presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, y de otros cuatro exconsejeros, quienes abandonaron España y actualmente se encuentran en Bruselas, la capital de Bélgica.

La Fiscalía española solicitó también a la Audiencia Nacional que emita una orden europea de detención contra el depuesto mandatario autónomo y los cuatro colaboradores que viajaron a Bruselas.

Carmen Lamela valora un supuesto riesgo de fuga de los dirigentes por la gravedad de las penas a la que se exponen los investigados en esa causa. Según las leyes españolas los querellantes se enfrentan a penas que pueden alcanzar los 25 años de prisión por el delito de rebelión, 15 años por el delito de sedición y ocho años por el de malversación de bienes.

La situación pinta complicada en la política española, de tal modo que no se vislumbra un camino claro en la solución de los problemas que aquejan hoy a ese país europeo.