El Ejército es policía
Desde que fue anunciada en México la posible implementación de la Ley de Seguridad Interior, que institucionaliza y aprueba el uso policial del Ejército en las calles del país, las largas filas de defensores y detractores fueron creciendo a medida que se hacía más fuerte el debate en torno a esta norma. La noticia más reciente al respecto es que la controvertida legislación ya ha entrado en vigor en el país azteca, luego de su publicación en el Diario Oficial.
Luego de intensas jornadas de discusión acerca de la conveniencia de la ley, el Congreso mexicano aprobó el texto. El PRI (partido actualmente en el gobierno), el partido verde y cinco diputados del PAN, defendieron a brazo partido la implementación de dicha normativa mientras tenían lugar las protestas de la oposición. Quienes no están de acuerdo con el contenido de esta ley, argumentan que la misma se caracteriza por ser militarista, al extender e institucionalizar más el orden actual de las cosas donde el Ejército está haciendo el trabajo de la policía en la calle.
Este panorama existe en cientos de municipios de todo México, desde 2006, cuando el expresidente Felipe Calderón decidió que las Fuerzas Armadas sustituyeran a la policía en muchas zonas del país para fortalecer la lucha contra el narcotráfico. La decisión no trajo buenos resultados. Luego de 11 años, en la nación se contabilizan mayores indicadores de violencia, y aumento de las cifras de asesinatos y desapariciones. Y esto es lo que quieren evitar las partes que se han pronunciado en contra de la Ley de Seguridad Interior, que se repitan las mismas decisiones erróneas que afectan enormemente la vida de miles de mexicanos.
El colectivo Seguridad Sin Guerra, que agrupa a 250 asociaciones de la sociedad civil, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, otros organismos de la sociedad civil y muchos ciudadanos en diversas partes de este extenso territorio norteamericano se han pronunciado en contra de la ley y piden que sea vetada. A partir de su aprobación, ahora se espera que alguno de los actores políticos, detractores de la legislación, haga formalmente una apelación ante la Suprema Corte, mediante una acción de inconstitucionalidad. También podrían hacerlo un tercio de diputados y senadores. Aunque no se sabe qué decisión podría tomar la Suprema Corte, al menos existe la oportunidad de poder impugnar la ley en un periodo de 30 días. El año que viene resultará decisivo para el país azteca en materia de seguridad nacional y derechos humanos.
