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miércoles, 6 de diciembre de 2017

La discriminación en los espacios públicos

Por Sofía

Desde este lunes 4 de diciembre todas las administraciones públicas de Madrid incumplen con la Ley General de personas con discapacidad puesta en vigor desde 2013. Esta ley otorga todos los poderes públicos para que se creen las condiciones necesarias con el objetivo de que las personas con diferentes grados de discapacidad puedan moverse libremente en los edificios públicos.

Esta ley requiere que se realicen todas las transformaciones pertinentes a los espacios públicos con el propósito de que las personas con discapacidad puedan hacer uso de ellos, cambios como eliminar determinadas barreras arquitectónicas o introducir plataformas y barandillas que faciliten la accesibilidad de estas personas. Políticas encaminadas a la reestructuración y habilitación de la ciudad, en especial los edificios públicos, donde se realizan trámites de todo tipo cotidianamente, son algunas de las medidas contenidas en la mencionada ley. Esta ordenanza considera que las administraciones públicas tienen el deber y la obligación de garantizar la accesibilidad a los espacios, servicios, transportes y edificaciones y además contempla sanciones de hasta un millón de euros para las infracciones que se cometan en este sentido. Una obligación que ya se está incumpliendo desde el pasado lunes 4 de diciembre.

Uno de los problemas urbanos más graves que enfrenta la ciudad, en este sentido, es el transporte público, evidente en la red de Metro y de Cercanías, principalmente. Este es uno de los servicios más importantes que necesitan todo los ciudadanos y debido a las dificultades que presenta en cuanto a la accesibilidad para personas discapacitadas, representa una forma más de discriminación, así como todos aquellos lugares que públicos que no se encuentran 100% habilitados. Las personas con discapacidad se sienten constantemente excluidas debido a sus carencias en el plano físico y en relación a cómo son estigmatizados por el resto de la sociedad. Si la ciudad continúa recordándole estas cuestiones constantemente, entonces las sensaciones de discriminación seguirán en aumento en relación a la cantidad de veces que estas personas salgan a la calle. La prioridad de los gobiernos y administraciones públicas debe ser garantizar la inclusión de todos los ciudadanos en las diferentes dimensiones sociales y el problema en cuestión aún representa un desafío para la ciudad.