Los parlamentarios colombianos sabotean la paz
Los acuerdos de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC, guerrilla histórica del país, cumplieron un año de firmados. Sin embargo, aún cuando para los promotores del cambio el pacto es irreversible, existen un riesgo latente de fracasar por el oportunismo político de la derecha colombiana y el empecinamiento del segmento más conservador de una élite nacional que, históricamente, ha limitado la participación política y el desarrollo social de los sectores humildes de esa sociedad.
Los beneficios de la paz han sido evidentes en una Colombia lastrada por más de 50 años de asesinatos, desapariciones y torturas. El desplazamiento, las muertes selectivas, las víctimas por minas antipersonal, incluso el secuestro, han disminuido de forma notoria en el país. Las FARC se han insertado en la vida política, y por transitividad, Departamentos colombianos que antes se encontraban inmersos en el terror, ahora respiran un ambiente prospero en el plano económico, social, político y una esperanza de recobrar la tranquilidad.
Al respecto, el presidente Juan Manuel Santos dijo que pese a las disidencias de las FARC, la cifra no excede el 7% de la totalidad de quienes pudiendo entregar las armas y permanecieron delinquiendo. Es la presencia del narcotráfico en el país lo que complica la situación, dificulta la lucha contra los disidentes, esas personas que continúan contraviniendo por beneficios económicos.
Otro de los escalones de tropiezo al avance de los acuerdos de paz son los cada vez más numerosos opositores políticos al desarme y entendimiento con las FARC. Uno de sus argumentos es que esos pactos permiten la impunidad de excomandantes de esa organización. Además, rechazan la participación en política de los exguerrilleros sin que hayan pagado por los crímenes atroces que cometieron en el marco del conflicto. Posturas que contradicen el propio acuerdo de paz que establece como principio, la participación política sobre la base de que se cambien las balas por los votos.
Justamente ese es uno de los actuales reclamos de los dirigentes de las FARC a un año de las firmas. En el seno de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) denunciaron que la Reforma Política en trámite legislativo es contraria al proceso de paz.
“Las imposiciones de la clase política en medio del sabotaje parlamentario hacen hoy que este proyecto lejos de aportar en el cumplimiento del Acuerdo de Paz, vaya en contra de lo pactado en La Habana', subrayó la exguerrilla colombiana.
A ello agregaron, que desde la misma Agenda de la Mesa de Diálogos de La Habana firmada en 2012, se identificó que la participación política había sido un componente histórico del conflicto, y que se requería una apertura democrática para construir la paz. Para los exmilitares, el actual proyecto aunque mantiene aspectos positivos, muy modestos, como los relacionados con la financiación de los partidos, retrocede en todos los aspectos en los que se pensaba avanzar.
