El “procés” usó tres millones de euros del Estado
Tres millones de euros procedentes del Estado habrían sido usados para promover el proceso de independencia catalán según los últimos datos confirmados por el juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. Las pruebas del delito estaban contenidas en 30 cajas que los Mossos d´Esquadra protegían en una furgoneta con destino a la incineradora de Sant Adrià de Besòs donde pretendían ser quemadas hasta que la Policía Nacional lo impidió.
Hasta tres millones de euros asciende la suma despedida de los apuntes contables incautados a un furgón de los Mossos d´Esquadra el pasado mes de octubre. En pleno auge del proceso independentista catalán, un vehículo de lo Mossos trató de quemar las pruebas que imputan a la Generalitat de malversación de fondos por el uso indebido del dinero del Estado español. Una serie de papeles contenidos en treinta cajas que tenían la intención de ser destruidos en la incineradora de Sant Adrià de Besòs (Barcelona) y que, gracias a un chivatazo, pudieron ser salvados por agentes de la Policía Nacional. Los hechos tuvieron lugar el pasado 26 de octubre y hasta que no hubo una orden judicial de por medio, proveniente de Madrid y firmada por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, los Mossos se negaron a mostrar el contenido del furgón a la Policía.
Ahora, el juzgado de Juan Antonio Ramírez Suñer, el de Instrucción 13 de Barcelona, ha revelado la cantidad a la que asciende el delito. Tres millones de euros procedentes del Fondo de Liquidación Autonómica (FLA) que habilitó el Gobierno central para ayudar a las distintas comunidades autónomas a salir de la crisis y que, supuestamente, la Generalitat habría usado con otros fines. Un uso ilícito del dinero que confirmaría el delito de malversación de fondos, hasta ocho años de cárcel, por el que están imputados Oriol Junqueras así como los Jordis, además de por rebelión y sedición.
Ha sido la misma Abogacía del Estado la que ya se ha personado en el Juzgado 13 de la ciudad de Barcelona para pedir al juez Ramírez Suñer que ceda sus competencias al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa matriz de los cerca de cuarenta procesos judiciales que, a día de hoy, están abiertos en juzgados y tribunales tanto de Cataluña como de Madrid.
