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viernes, 13 de abril de 2018

La ley detiene la ciencia en España

Por RaizaM.

La Ley de la Ciencia, Tecnología y la Innovación, auspiciada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que fue aprobada en mayo de 2011 prácticamente por unanimidad, tanto en el Congreso como en el Senado, se ha convertido en papel mojado y ha estado prácticamente paralizada durante seis años debido a la inacción del Gobierno del PP y más concretamente de la secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela. Básicamente serían esos los argumentos que ofrece el sindicato CSIF para exigir a Mariano Rajoy que cese a Vela aprovechando el relevo en la Cartera de Economía.

Esta organización sindical pide el cese inmediato de la secretaria de Estado de Investigación debido a la parálisis del sector y la precariedad en el empleo y culpa personalmente a Carmen Vela del balance desalentador de los seis años de vida de una ampliamente reclamada por la comunidad científica española, y ampliamente consensuada en el Parlamento.

Entre los incumplimientos de la Ley que cita CSIF figura en primer lugar que aunque “la Ley obliga a unificar las retribuciones de todo el personal investigador al servicio de la Administración Pública en España mediante la elaboración de un Real Decreto su desarrollo”, sin embargo, Carmen Vela no ha elaborado esa norma necesaria para regular las retribuciones de dicho personal, lo que atribuyen a “su nula voluntad y capacidad de negociación”. La denuncia es directa, pues “después de 6 años, hemos llegado a un panorama en el que los sueldos de los investigadores públicos peligran (algunos pueden ver reducidas sus retribuciones significativamente, ya que se pretende no reconocer períodos amplios de su carrera profesional), sus derechos profesionales no están reconocidos en su integridad y, como consecuencia, la motivación de estos trabajadores es cada día menor.

El sindicato denuncia que esta situación ha provocado la fuga de investigadores de alta cualificación, y el retroceso en la investigación en campos básicos como el médico o el tecnológico, ya que el citado Real Decreto debió entrar en vigor el 1 de enero de 2014.

Igualmente, recriminan al Gobierno el hecho de que se haya desarrollado el Estatuto del Personal técnico y de apoyo a la investigación, imprescindible para una investigación eficaz y de calidad y también que no se haya finalizado la regulación del personal que inicia su carrera investigadora tras finalizar sus estudios universitarios e iniciar sus tesis doctorales, que constituyen el eslabón más débil del sistema.

Asimismo, CSIF critica que se demora inexplicablemente el Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF). Debido a esto, el personal investigador se ha visto obligado a promover movilizaciones para defender sus condiciones laborales, debido a la falta de acción de Carmen Vela.

Y avisa que la gestión económica y de personal de la investigación en España es tan deficiente que se están produciendo situaciones en las que los investigadores se ven obligados a devolver parte de la financiación recibida tanto nacional como europea tras duros procesos competitivos. Sucede además, que se ponen en riesgo los compromisos científicos adquiridos con otros países socios.

CSIF considera especialmente negativa la gestión de esta secretaría de Estado gestión al frente de los Organismos Públicos de Investigación, que preside, a los que está llevando a una situación de ahogo financiero e inanición técnico-científica, y casi de irrelevancia.

Un cúmulo de razones CSIF por las que cree ha llegado el momento de un relevo al frente de la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, alertando al Gobierno que cada día que pasa Carmen Vela al frente de la misma, es un día perdido.

La gestión de Vela puede incluso ser sometida a debate, pero la postura ante el hecho evidente de que se ha obstaculizado el papel innovador y de desarrollo de la ciencia, imprescindible para cualquier país, es conclusivo: inaceptable.