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martes, 17 de abril de 2018

¿Mano dura con los terroristas en España?

Por Gabriela

A pesar de las críticas de la organización Amnistía Internacional, que considera “inapropiados” los cargos, este lunes comenzó el juicio a ocho personas quienes están acusadas de terrorismo por presuntamente agredir a dos guardias civiles en un bar ubicado en la región española de Navarra. En total los fiscales han pedido 375 años de cárcel para los sospechosos.

Se trata de ocho jóvenes, con edades entre 21 y 31 años de edad, con cargos de “lesión terrorista” y “amenazas terroristas”, en medio de un contexto de “hostigamiento y presión” contra las fuerzas del orden en la zona, de acuerdo con la referida acusación. Sin embargo, la defensa afirma que se trató únicamente de una pelea en un bar que tuvo lugar en el mes de octubre del 2016, en Alsasua (un pueblo de Navarra). El juicio ocurre en un momento en que España atraviesa una polémica debido al uso de las leyes antiterroristas, consideradas como desproporcionadas por muchos.

En ese sentido, se recuerda la detención la pasada semana de una mujer en medio de investigaciones sobre terrorismo contra agrupaciones independentistas catalanas que habían realizado protestas callejeras, aunque el juez encargado desestimó el cargo y únicamente le imputó desórdenes públicos.

En tanto, en Alsasua, los dos guardias civiles habían ido a un bar con sus parejas, cuando supuestamente fueron agredidos por varias personas, como consecuencia, uno de los agentes terminó en el hospital con un tobillo roto. En el acta, un juez de la Audiencia Nacional /que se especializa en casos de terrorismo afirma que al menos dos de los agresores eran integrantes de un movimiento que trataba de expulsar a los policías del pueblo.

Ese era el tipo de acciones que promovía la banda separatista armada ETA cuando se encontraba activa, contra las fuerzas de seguridad de la nación ibérica que se encontraban en lo que ellos llamaban su “país”. Por su parte, Rubén Múgica, abogado de la asociación Covite de víctimas de ETA que llevó el caso a la justicia, dijo que esos duros cargos están justificados únicamente por “el contexto en que se produjo la agresión”.

Por su parte, los jóvenes acusados niegan que la acción hubiera sido coordinada, y niegan además cualquier agresión a los policías.

En tanto, en un comunicado de un funcionario de Amnistía Internacional se dice “aunque lesionar personas amerita una investigación criminal, los cargos de terrorismo son totalmente inapropiados y deben ser desechados”.