El Consejo de Europa acusa a España de incumplidora
El Consejo de Europa lanzó hoy una nueva voz de alarma en relación con la lucha contra la corrupción. Y es que los avances logrados en los 47 Estados miembros corren el riesgo de verse revertidos por nuevas legislaciones aprobadas en ciertos países en el 2017, y por la pachorra en la implementación de las medidas ya convenidas en otros, como es el caso de España y Bélgica. De hecho, ambas naciones se encuentran en el punto de mira de esta institución por no completar las recomendaciones anticorrupción del organismo realizadas hace años. «2017 fue un año oscuro para la lucha contra la corrupción», advirtió Marin Mrčela, presidente del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO).
Esta entidad fue creada para mejorar la capacidad de sus integrantes a la hora de luchar contra la corrupción y en él están representados los 47 países que pertenecen al Consejo de Europa, además de Estados Unidos, observador en el mismo.
Asimismo, su advertencia lidera el informe publicado este jueves sobre el nivel de cumplimiento de las recomendaciones que emitió GRECO para combatir la corrupción entre parlamentarios, jueces y fiscales.
Y entre sus conclusiones aparecen que «Nuevas iniciativas legislativas aprobadas en ciertos países europeos en el 2017 suponen un paso atrás en reformas realizadas anteriormente para fortalecer la prevención de la corrupción o comienzan reformas que podrían terminar en violaciones de los estándares anticorrupción de la organización internacional de ámbito regional», resumió.
A ello se suma, según los expertos de dicho organismo, la implementación «más lenta de lo acostumbrado» de las medidas para combatir la corrupción entre parlamentarios, jueces y fiscales, figuras claves para en este batallar.
Además, algunos países ni siquiera aplicaron medidas todavía contra el fraude. Ese el caso de España que, unido a Bélgica, están siendo apuntados en este informe como los dos únicos países que no han implementado completamente ni una sola de las recomendaciones que les fueron hechas.
Cabe recordar que España suma once recomendaciones desde el 2014, de las que no ha implementó cuatro y otras siete solo de manera «parcial».
Ello supone un nuevo regaño a la península ibérica, un territorio que lleva años siendo observado con detenimiento por la institución con sede en Estrasburgo (Francia) por incumplir las recomendaciones acerca de independencia judicial y prevención de la corrupción en el Parlamento del Viejo Continente.
Ahora, la última vez que España recibió una fuerte llamada de atención de GRECO fue en enero pasado, cuando el organismo publicó un informe de la nación donde constataba su falta de avances en este sentido, algo que la deja muy mal parada entre sus vecinos.
