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domingo, 27 de agosto de 2017

La fuga de la ex fiscal pone en vilo a Venezuela

Por LauraB

La ex fiscal general de Venezuela Luisa Ortega se fugó de su país natal junto con su esposo. Primero fue a Colombia para luego asentarse en Panamá. Sobre Ortega pesaba una orden de no salir de Venezuela luego de su destitución por parte de la Asamblea Nacional Constituyente recién instalada. Estando en la nación istmeña Ortega declaró que mostraría próximamente pruebas fehacientes de la supuesta corrupción dentro del actual gobierno del presidente Nicolás Maduro y de algunos de sus allegados. La abogada venezolana sostuvo fuertes críticas sobre algunas medidas tomadas por el gobierno del presidente Nicolás Maduro en la nación sudamericana.

Ortega profesaba un apoyo casi incondicional hacia el ex mandatario Hugo Chávez, pero fue de las voces que criticó al actual jefe de Estado. En tanto, el presidente Maduro anunció que solicitaría una orden de alerta roja a la Policía Internacional (Interpol) para la captura de la ex fiscal venezolana y su esposo Germán Ferrer. Para Caracas ambos son prófugos de la justicia venezolana, e incluso Ortega es vista como traidora al proceso revolucionario iniciador por Hugo Chávez en el año 1999. Antes de ese anuncio, el gobierno venezolano había acusado a la vecina Colombia, primera parada de Ortega, de proteger a una prófuga sobre quien pesan acusaciones de corrupción y de avivar la crisis política al no actuar de la debida manera cuando estaba al frente del Ministerio Público venezolano.

En un mensaje desde su cuenta en la red social Twitter el nuevo canciller venezolano, Jorge Arreaza, lamentó que Colombia se convirtiera en un país “protector de la corrupción y el delito en Venezuela”. El propio presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo que ofrecería la protección necesaria a la ex fiscal general. Al respecto, el titular venezolano de Relaciones Exteriores comentó que la decisión era “cínica” y se cuestionó lo siguiente: “¿Qué puede esperarse de un Gobierno que cobija en su seno oligárquico al jefe del golpe de Estado de 2002 contra el comandante (Hugo) Chávez?”. Cuando Maduro anunció la intención de llevar a cabo una Asamblea Nacional Constituyente como vía para resolver la crisis en el país,

Luisa Ortega introdujo un recurso de interpretación sobre la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. En la misma, ese órgano del Poder Judicial decretó que la voluntad popular residía en el Presidente y por tanto él podía convocar la Constituyente. Luego criticó la decisión de otorgarle más poder a instancias superiores de la Fiscalía y consideró ninguna de esas medidas tenía el respaldo del pueblo venezolano.