Cataluña y la crisis institucional en España
El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, ha pedido desestimar la luz verde para realizar la convocatoria al referendo secesionista en la región autónoma de Cataluña. Informaciones de último minuto precisan que Rajoy pidió un recurso ante el Tribunal Constitucional para solicitar la nulidad de la ley del referendo previsto para el 1 de octubre. "No habrá referéndum de autodeterminación", aseguró el presidente del gobierno español. Desde Madrid habían pedido al Tribunal Constitucional que desestimara dicha actividad por considerarla ilegal y contra los principios de la nación española. Los grupos pro separación de España, Juntspel Sí (JxS, la coalición de gobierno en Cataluña), y la CUP, lideraron la normativa. Ellos presentaron la iniciativa legal en proyecto el pasado 31 de julio de este año. Nadie votó en contra. Solo hubo 11 abstenciones.
Tanto el gobierno de Rajoy como el rey Felipe VI y el Tribunal Constitucional estiman que el polémico referendo independentista/secesionista, como se lea, es ilegal. Para ello evocan la Carta Magna española que lo impide. No obstante, las autoridades de la región autónoma, cuya población ronda los 8 millones de habitantes, insisten en la convocatoria, cuya fecha está pactada para el primer día del venidero mes de octubre.
Del otro lado, la vicepresidenta del gobierno de España, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo que el hecho que el Parlamento catalán haya votado a favor de realizar el referendo era una vulneración de las sentencias constitucionales. En una rueda de prensa en el Palacio de La Moncloa (sede del poder central), Sáenz de Santamaría se refirió específicamente a la sentencia de febrero de este año que prohíbe cualquier acción orientada a la celebración del referendo en la región autónoma.“El presidente firmó un escrito en el que ordena que se redacte un incidente de ejecución de sentencia por haberse vulnerado sentencias (anteriores del TC)”, acotó la vicepresidenta española.
La luz verde a la aspiración secesionista catalana ha provocado una crisis institucional sin precedentes en la nación ibérica. De aprobarse finalmente, quedan abiertas muchas cuestiones sobre el futuro de un hipotético nuevo Estado. Igualmente, podría impulsar a otras regiones a seguir los pasos, tales como Escocia e Irlanda del Norte que han hablado en algunos momentos de separarse de Reino Unido.
En el referendo deben votar 5 millones de los 7 millones de catalanes habilitados. Una cuestión que puede aflorar en este proceso es algún tipo de acción judicial o querella. Para ello, el proyecto de ley establece la protección para quienes participen en el ejercicio.
No es secreto que los ataques terroristas ocurridos en las ciudades catalanas de Barcelona y Cambrils colocaron el tema secesionista con más fuerza.
