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lunes, 25 de septiembre de 2017

Comienza la cuenta atrás para Artur Mas

Por Nacional Newsgur

El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, se enfrenta este lunes al Tribunal de Cuentas por el desvío de dinero público para el referéndum ilegal que su propio Gobierno organizó el 9 de noviembre de 2014. Mas contará con quince días para entregar la fianza solidaria que se le exige, valorada en casi 5,5 millones de euros. De no hacerlo, el político catalán se enfrentará al embargo de todas sus cuentas bancarias así como al de todos sus bienes. Entre los implicados por este desvío de capitales, se encuentran otros cargos públicos de la Generalitat como Irene Rigau o Francesc Homs.

En medio de la batalla por si se celebrará o no el referéndum independentista convocado para el próximo 1 de octubre por el Gobierno de Carles Puigdemont; una noticia golpea con fuerza al secesionismo catalán. Los predecesores de las ansias de consulta, aunque fuesen ilegales, como en esta ocasión; se enfrentan a penas monetarias de gran valor. Con Artur Mas a la cabeza, el proceso independentista del 9 de noviembre de 2014 conocerá este mismo lunes la cantidad final que deberá pagar por el desvío de fondos públicos para la consulta así como el tiempo con el que contarán. El Tribunal de Cuentas comunicará esta mañana al expresidente de la Generalitat de Cataluña que contará con un plazo de quince días para depositar los, aproximadamente, 5,5 millones de euros que se le imputan. En caso de no hacerlo, Mas se enfrentaría al embargo de todas sus cuentas bancarias así como de todos sus bienes, muebles e inmuebles.

Junto al expresidente catalán, otras nueve personas deberán responder a dicha fianza de carácter solidario. Una condición que dicta que, en caso de que alguno de los acusados no cuente con los recursos suficientes como para responder económicamente a lo dictado, será el resto de implicados los que respondan por él. Así, la exconsejera de Gobernación, Joana Ortega Alemany; la que fuese consejera de Educación, Irene Rigau Oliver; y el exvicepresidente, Francesc Homs Molist, entre otros seis funcionarios de la Generalitat en el 9-N, deberán responder también al dinero exigido desde el Tribunal de Cuentas. “Haber ordenado, instigado o cooperado de forma necesaria en la imputación a los Presupuestos de la Generalitat de 2014”, es la atribución que se hace a los diez implicados en este desvío ilegal de capital que tiene como máximo responsable, por ser el cargo final en las firmas, al expresidente Artur Mas.