Los números rojos de Puerto Rico
Un año ha pasado desde que las autoridades nombraran a los integrantes de la Junta de Control Fiscal para atender la gigantesca e impagable deuda pública de Puerto Rico. El clima económico en la isla caribeña sigue siendo de incertidumbre. El Plan de Ajuste Fiscal aprobado en el mes de marzo de este año establece que para dentro de 13 años –en el 2020- San Juan experimentará una caída de cerca de ocho puntos porcentuales. Bajo esa Junta de Control Fiscal y la llamada Ley Promesa, la gestión administrativa del goberandor Ricardo Roselló queda limitada y al margen. Ello debido a las demandas exigidas por la Junta.
Una de esas fue la reducción del 10 por ciento de los salarios, la jornada laboral y las pensiones de los retirados. Las políticas de austeridad y los recortes se veían venir. Dicho paquete neoliberal incluye recortes a los servicios de salud y la eliminación del bono de navidad es empobrecer a los empleados públicos.
En la actual situación en Puerto Rico, el gobernador Roselló se acogió al Título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico. Esta es la conocida Ley Promesa, (por sus siglas en inglés). La normativa fue aprobada por el Congreso estadounidense en el año 2016. Esta normativa establece la creación del monstruo: la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que, desde Washington, "provee un método para que Puerto Rico logre responsabilidad fiscal y acceso a los mercados de capital".
Al nombrar el Título III de esa Ley, la nación caribeña deja a los tribunales federales el proceso de reestructuración de su impago. Estas instancias deciden los tiempos establecidos para pagarles a los titulares de la deuda pública y cuánto abonará la Isla finalmente. Esa fue la respuesta encontrada para impulsar la reestructuración de la deuda de la isla caribeña. El monto total asciende a 73 mil millones de dólares. Otro alcance de la JSF es que desde el justo momento en que entró en vigor, las decisiones políticas, económicas y sociales son controladas por Estados Unidos.
Al ser un Estado Libre Asociado de Estados Unidos, Puerto Rico no puede adherirse a la declaratoria de bancarrota de forma oficial para que el gobierno federal disponga de ayuda. Es por ello que estamos viendo cómo se aplica un paquete de restauración neoliberal a la par del proceso de negociación de la deuda.
La recesión económica ha llevado a la desesperación de la sociedad puertorriqueña. Mientras tanto, se buscan vías para volver a la etapa de la entrada fija de capitales.
