La ONG que estafaba con las adopciones
Nueve familias que fueron afectadas por la quiebra de la Entidad Colaboradora de Adopción InternacionaI (ECAI) Adiss Galicia, en España, la cual cerró en febrero de este año, alegando inviabilidad económica y abandonando sin culminar un centenar de trámites, presentaron una querella criminal contra la institución y cada uno de sus integrantes. La querella, que fue admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción 4 de Vigo, estima de forma provisional en 1,7 millones de euros la responsabilidad civil de la institución. Las nueve parejas (18 personas) que firman la disputa habían suscrito con la ONG, entre octubre de 2012 y julio de 2013, un contrato para la adopción en Etiopía. Entre los querellantes entregaron 71882,15 euros, ya que la Administración autonómica practicaba funciones de auditoría, seguimiento y control en la mediación de Addis Galicia con el país de origen de los pequeños.
Las familias plantean que la inverosímil inviabilidad económica alegada por la ONG y la Xunta de Galicia que la avalaba, oculta la comisión de una estafa agravada pues la ECAI, sin ánimo de lucro, facturó más de cuatro millones de euros desde su habilitación por el Gobierno gallego. Los litigantes subrayan la indudable responsabilidad civil que en su momento deberá afrontar la Xunta.
El febrero pasado, y luego de cinco años gestionando adopciones internacionales en Burundi, Etiopía y Burkina Faso, la ONG, con sede en Vigo, se declaró en quiebra. La Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia se lo comunicó a las familias afectadas manifestando que la ECAI Adiss Galicia no podía cumplir con el plan de viabilidad económica que había sido avalado por el Ejecutivo autonómico.
Una semana antes, la propia consellería había autorizado el cobro a las familias de unas tarifas extraordinarias para continuar con los trámites de las adopciones en proceso. Las tarifas eran de 6700 euros para cada uno de los adoptantes en Burundi y de 14 mil para los de Etiopía a mayores, en todos los casos, de los más de 10 mil que las familias se habían comprometido a aportar a través de contratos adaptados al modelo oficial aprobado por la Xunta y firmados cinco años antes y de los cuales las familias habían satisfecho en su mayor parte, pues cada pareja había abonado en torno a 8 mil euros.
José Manuel Rey Varela, conselleiro de Política Social del Ejecutivo gallego, consintió el aumento de las tarifas de la ONG después de haberlo estudiado con todo el rigor, como aseguró entonces, las nuevas condiciones económicas de la ONG. Posteriormente, justificó el cierre de la ECAIarguyendo que no se había conseguido el mínimo de 20 familias que estuvieran dispuestas a asumir el incremento de las tasas imprescindibles para avalar la continuidad de Addis Galicia.
Las nueve parejas (18 personas) que firman la disputa habían suscrito con la ONG, entre octubre de 2012 y julio de 2013, un contrato para la adopción en Etiopía. Entre los querellantes entregaron 71882,15 euros, ya que la Administración autonómica practicaba funciones de auditoría, seguimiento y control en la mediación de Addis Galicia con el país de origen de los pequeños.
Los demandantes aseguran que acudieron a la entidad porque para poder tramitar las adopciones en los países citados, pues era por ley perceptiva la intermediación de una ECAI, y la de Addis Galicia era una de las habilitadas expresamente por la Xunta, y estaba sometida por imperativo legal a su control y delimitada por la Ley de apoyo a las familias. Sin embargo, se quedaron sin los niños, sin su dinero y sin recibir explicaciones sobre la gestión.
Luego de cinco años de supuestos trámites, nadie de Addis Galicia ni del Ejecutivo autonómico ha rendido cuentas ni informado a los afectados de las actuaciones realizadas,que se preguntan por el destino de las cantidades desembolsadas a favor de la ECAI, así como por la supervisión de la Xunta para evitar la comisión de los graves hechos delictivos. De hecho,ni siquiera se han liquidado los contratos.
La querella admitida a trámite fija la responsabilidad civil derivada del presunto delito de estafa agravada en la cantidad similar a la que aportaronentre todos ellos, que es de 71882,15 euros más intereses. Además estima en 1,5 millones de euros los daños morales ocasionados y en 125 mil el supuesto delito de fraude de subvenciones, lo que equivale a más de 1,7 millones.
Los demandantes afirman que tanto la Xunta como la ECAI han incumplido sus obligaciones legales. Tales como disponer de un fondo de reserva para responder de las contingencias imprevistas y que no podrá ser utilizado sin autorización de la Dirección Xeral de Familia del Gobierno autonómico. Además, sostienen que las entidades están obligadas a remitir a la Consellería de Familia documentos de cada ejercicio y a informar del salario y situación contractual del personal.
