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lunes, 16 de octubre de 2017

La sedición vuelve a escena

Por Nacional Newsgur

Josep Lluís Trapero, comisario mayor de los Mossos d’Esquadra; Teresa Laplana, intendente del cuerpo; Jordi Sànchez, líder de la ANC; y Jordi Cuixart, cabeza visible de Òmnium en las movilizaciones a favor del independentismo, vuelven este lunes a la Audiencia Nacional como acusados por un posible delito de sedición. Es la segunda vez que son llamados por la Justicia que diez días antes ya les interrogó. En un primer momento, la juez Lamela optó por dejarlos en libertad sin medidas cautelares. Pero tras el examen de un atestado de la Guardia Civil, la juez vuelve a llamarles a escena por un delito que, en es peor de los casos, podría llevarle a prisión incondicional.

Han pasado diez días desde que el 6 de octubre fuesen llamados a declarar ante la Justicia y este lunes, de nuevo, deben presentarse en la Audiencia Nacional para ser juzgados por un posible delito de sedición. Josep Lluís Trapero, comisario mayor de los Mossos d’Esquadra; Teresa Laplana, intendente del cuerpo; Jordi Sànchez, líder de la ANC; y Jordi Cuixart, cabeza visible de Òmnium en las movilizaciones a favor del independentismo, se sentarán otra vez como imputados por su papel en las concentraciones a favor del referéndum secesionista ilegal del pasado 1 de octubre. La Justicia entiende que los cuatro jugaron un papel clave a la hora de mover a las masas para forzar la celebración de dicha consulta que había sido suspendida por el Tribunal Constitucional y sobre la que existía una orden judicial para impedir que tuviese lugar.

La juez encargada del caso, Carmen Lamela, dejó en libertad sin medidas cautelares a los cuatro implicados. Y es que esa misma mañana, la del 6 de octubre, recibió un atestado de la Guardia Civil que prefirió examinar antes de dictar sentencia. En él se defiende que Trapero está “totalmente involucrado en el proceso separatista”, lo que le llevó a ordenar “funciones de protección y seguridad” sobre los organizadores del referéndum independentista. Mediante “instrucciones o pautas de actuación” mandaba a sus subordinados que no cerraran los colegios electorales y que no colaborasen con los agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional. Algo que se suma a la inacción de los Mossos d´Esquadra a la hora de proteger a la comitiva judicial que el pasado 20 de septiembre se encargó de realizar los registros donde hasta once altos cargos de la Consejería de Economía y Hacienda de la Generalitat fueron detenidos. Fue el mismo magistrado de la investigación quien llamó personalmente al mayor Trapero para que permitiese que los miembros de la comitiva judicial pudiesen abandonar las instalaciones donde la gente se había concentrado en protesta por lo ocurrido provocando graves destrozos en tres vehículos de la Guardia Civil.

Los presidentes de ANC y Òmnium se sientan frente a la juez Lamela por el papel “esencial” que tienen para ella en la organización y movilización de las protestas a favor de la consulta ilegal. Sànchez y Cuixart habría llamado a la “movilización permanente” el pasado 20 de septiembre, incurriendo en un posible delito de sedición que podría acarrearles, como a los otros dos imputados, hasta la prisión incondicional en el peor de los casos. La libertad bajo fianza, la entrega de sus pasaportes, la prohibición de salir de España o tener que comparecer de forma periódica en el juzgado más cercano a su domicilio serían las penas más leves a las que se enfrentan.