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domingo, 8 de octubre de 2017

Las sospechas de corrupción sobre Alan García no cesan

Por javier91

Las dudas sobre la venta de un terreno a la empresa brasileña Odebrecht para justificar el pago de 900 mil dólares a un funcionario del último gobierno del expresidente Alan García, acentúan las sospechas en torno a éste. Fuentes del equipo que investiga a García y a una treintena de excolaboradores de su última administración (2006-11) revelaron que, 10 años después de la operación, el precio no figura en los registros públicos como propiedad de la compañía brasileña. El terreno fue vendido por la empresa Inmobiliaria Toscana, que pidió a Odebrecht el depósito de los 900 mil dólares en la entidad Banca Pribada de Andorra a nombre de una firma del vicepresidente de la empresa estatal Petroperú Miguel Atala como pago de una deuda, según alega el abogado del exfuncionario, Julio Rodríguez.

El pago lo hizo Klienfeld Services, firma que, según la prensa local, era usada por Odebrecht para pagar sobornos y la tortuosa modalidad de pago evidencia fines de ocultamiento para una operación que pudo hacerse en forma más transparente, según una comentarista de la televisión local. Supuestamente el terreno fue adquirido para instalaciones de Odebrecht, pero permanece abandonado y no ha sido registrado como patrimonio de la empresa, ante lo cual Rodríguez se limitó a señalar que la omisión es responsabilidad de la compañía. Las sospechas de que Atala, cercano al entorno de García, era solo un testaferro y que el beneficiario era en realidad alguien de mayor nivel, eventualmente el veterano político socialdemócrta, consideran también que Atala no tuvo nada que ver con ningún contrato de Odebrecht. Los críticos de García señalan también que con Atala suman nueve los exfuncionarios de su último gobierno que aparecen como receptores de dinero de Odebrecht que parecen no haber tocado pese al tiempo transcurrido. A ello se suma que el exgobernante, tras dejar el cargo, cobró 100 mil dólares por dos conferencias sobre economía en el exterior y el dinero fue pagado por un banco conformante de la enmarañada red financiera internacional usada Odebrechet para el pago de coimas. La columnista Sigrid Bazán, del diario La República, denunció que García, ante las revelaciones, usa numerosos 'trolls' -una especie de sicarios de las redes de Internet en las redes sociales- y un grupo especializado de amedrentaa a medios de comunicación y líderes de opinión. Recordó que uno de los exfuncionarios de segunda línea del gobierno de García encarcelados por recibir en Andorra dinero de Odebrecht, Edwin Luyo, anunció públicamente que iba a decir toda la verdad a la justicia sobre la coima depositada a su nombre como parte del pago por el contrato del tren eléctrico. No obstante, cambió de parecer y trascendió entonces que fue amenazado y en una oportunidad le dijo a sus interrogadores que había dejado de comer dos días por miedo a ser envenenado. En ese momento se habló de amenazas y no sorprende. Sergio Tejada, expresidente de la comisión parlamentaria que hace unos años investigó posibles casos de corrupción del último gobierno de García, comentó que el exgobernante está nervioso ante las revelaciones, al comentar su agresiva reacción. Mencionó también los indicios referidos, en parte detectados por la comisión que encabezó Tejada y las noticias sobre millonarios negocios del hijo del secretario general de la presidencia de García, Luis Nava, con Odebrecht. 'Pocas veces he visto a García y a su entorno tan nervioso, porque ya empieza a esclarecerse una serie de relaciones de personas muy cercanas a él con los negociados de Odebrecht', aseveró. Consideró también poco creíble el recurrente argumento de García de que no sabía lo que hacían los funcionarios de su confianza acusados de recibir dinero de la empresa brasileña.

A esta situación se ha sumado una protesta de 16 comunidades indígenas amazónicas peruanas que mantiene paralizada la producción del Lote petrolero 192, virtualmente ocupado para exigir que el gobierno acepte consultar a los nativos sobre una nueva concesión del área. Los dirigentes de la protesta dijeron que siguen bloqueadas las plantas eléctricas y el aeropuerto del lote propiedad por la transnacional Frontera Energy, que evacuó a sus trabajadores en coordinación con las comunidades. . Los reclamantes esperan que el gobierno consienta a su petición de comprometerse a someter a consulta previa una nueva concesión, lo cual ha sido denegado por el Ministerio de Energía y Minas y por el Viceministerio de Interculturalidad. Según el ministerio, la consulta no procede porque no hay ningún proceso en marcha para entregar el lote a otro concesionario, lo que es inminente, a decir de los nativos, porque el año próximo terminará el contrato con el que opera Frontera Energy.