México no quiere más desaparecidos
Luego de 3 años, el poder legislativo de México llegó a la aprobación de la Ley General de Desaparición Forzada de Personas. Esta es una moción que fue impulsada por organizaciones sociales en una nación con uno de los mayores índices de este delito. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) congratuló la aprobación de la ley general, señalando que representa un paso fundamental para atender las necesidades de estas personas y de sus familias. Añadieron que la moción deberá contar con el presupuesto suficiente para lograr su efectivo funcionamiento. En lo relativo a cifras, según el registro oficial de México, las personas desaparecidas desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico están cuantificadas en 32 943, incluyendo 8 525 mujeres y 5 985 menores de 18 años. Agregan que en 19 provincias de la nación hay 1 075 fosas clandestinas. Solamente en el período de 2014 a 2017, han sido 2 014 los cuerpos exhumados.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) congratuló la aprobación de la ley general, señalando que representa un paso fundamental para atender las necesidades de estas personas y de sus familias. Añadieron que la moción deberá contar con el presupuesto suficiente para lograr su efectivo funcionamiento. En ese sentido, según Juan Pedro Schaerer, jefe del CICR para México, América Central y Cuba para su implementación se precisan 422 millones de pesos mexicanos, cuenta que se espera sea aprobada en el presupuesto anual para el 2018 y de esa manera atender a las familias, y trabajar en los reglamentos y las leyes secundarias que puedan llevar a hacer de su aplicación una realidad.
Las penas que contempla la ley son de 40 a 60 años de prisión para la contravención de desaparición forzada de personas que sean realizadas por parte de un funcionario público o de un particular en complicidad con un funcionario, que realice secuestro y/o ocultamiento de información sobre dicha privación de libertad y sus consecuencias. Esa misma pena rige para cómplices o los que se nieguen a dar información sin ser autores del caso.
Por su parte, plantea penas de 20 a 30 años al que omita entregar a las autoridades o familiares, el nacido de una víctima de la desaparición forzada de personas en el periodo de ocultamiento, a sabiendas de tal circunstancia. También, recoge una pena de 25 a 35 años de prisión a aquellos que sin haber participado de manera directa en la comisión del delito de desaparición forzada, retengan o mantengan oculto a la niña o niño nacido durante el periodo de desaparición de la madre, teniendo conocimiento de la circunstancia. Otra pena recogida en la ley comprende de 15 a 20 años de prisión para quien oculte, deseche, incinere, sepulte, inhume, desintegre o destruya, de manera total o parcial, restos de un ser humano o su cadáver, por ocultar la comisión de un delito.
Además, las penas aumentarán, incluso al doble, cuando el desaparecido fallezca por cualquier alteración de su salud o por alguna enfermedad previa que no se hubiera tratado como consecuencia del secuestro. También, cuando la víctima sea menor de edad, mujer o mujer embarazada, persona con capacidades diferentes o una persona mayor. Otros casos son cuando el delito sea motivado por la identidad sexual o de género, ser afrodescendiente, migrante o pertenecer a una comunidad indígena.
La nueva ley incluye también el aumento de las penas para el caso de que hayan desaparecido a una persona por su labor como periodista o por estar vinculado con la defensa de derechos humanos o cuando sea integrante de una institución de seguridad pública. Las penas pueden disminuir si los perpetradores liberan a la víctima 10 días más tarde de la desaparición y/o facilitan información efectiva para la localización de la misma o para esclarecer los hechos.
En lo relativo a cifras, según el registro oficial de México, las personas desaparecidas desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico están cuantificadas en 32 943, incluyendo 8 525 mujeres y 5 985 menores de 18 años. Agregan que en 19 provincias de la nación hay 1 075 fosas clandestinas. Solamente en el período de 2014 a 2017, han sido 2.014 los cuerpos exhumados.
