Carles Puigdemont, en manos de la justicia belga
La crisis en Cataluña continúa y sigue acaparando la atención de muchos tanto dentro como fuera de España y la región, pero este domingo ha sido noticia que Carles Puigdemont, y otros cuatro integrantes del destituido gobierno catalán, que eran requeridos por la administración española, se entregaron voluntariamente a la justicia de Bélgica, y por consiguiente fueron puestos en libertad bajo medidas cautelares.
El juez que atendió el caso no consideró que fuera necesario privarles de libertad a Puigdemont y sus compañeros de lucha mientras se toma una decisión sobre su entrega a España, donde son acusados de rebelión, sedición, malversación de fondos públicos, así como de prevaricación y desobediencia.
Según reportes de prensa, el ex presidente de Cataluña, Carles Puigdemont y los cuatro ex consejeros que le acompañaron hasta Bélgica, decidieron testificar ante las autoridades belgas después de que la justicia española emitiera las órdenes de detención europeas luego de que no acudieran como investigados a su citación ante los tribunales.
A pesar de que Carles Puigdemont y los demás funcionarios fueron puestos en libertad no podrán salir de Bélgica sin permiso del juez de instrucción que atiende el caso, y, además, tendrán que estar localizados: comunicar una dirección de residencia y asistir personalmente a cada una de las audiencias a las que sean convocados. La Fiscalía comunicó que el juez belga encargado tendrá que volver a citarlos en un plazo de quince días.
Un poco de historiaLa crisis en Cataluña se viene generando desde hace tiempo, pero ha sido más marcada desde hace unos meses. La acusación contra el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y sus consejeros, está basada en las medidas que fueron tomadas para conseguir independizas a Cataluña, de España. El entonces gobierno de Puigdemont organizó para el pasado 1 de octubre un referéndum de autodeterminación, a pesar de que el Tribunal Constitucional español hubiera declarado la ilegalidad de tal hecho, que no se contempla de ninguna manera en la constitución del país ibérico. Luego de jornadas de violencia, de llamados de atención, de revuelta popular y escándalo internacional, el día 27 de ese mismo mes, el parlamento catalán votó a favor de iniciar el proceso para constituir “una República catalana como Estado independiente, soberano, democrático y social”, un hecho sin precedentes que fue interpretado como la declaración unilateral de independencia. Sin embargo, la máxima dirección de España considera que los acontecimientos han estado plagados de violaciones al Estado de Derecho.
Casi de inmediato, el gobierno central de España destituyó al ejecutivo catalán, disolvió el parlamento y convocó a nuevas elecciones al amparo del artículo 155 de la Constitución. Además, la Justicia española abrió procesos judiciales en contra de los independentistas. Actualmente como parte de los procesos el ex vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, junto a otros siete ex consejeros se encuentran en prisión provisional.
Hasta el momento todo parece indicar que corresponderá a Bélgica decidir si Carles Puigdemont y los cuatros ex consejeros serán devueltos, o no, a España, para que sean procesados como indica la justicia española.
