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jueves, 9 de noviembre de 2017

El Constitucional cancela la declaración de independencia

Por Nacional Newsgur

El Tribunal Constitucional anuló este mismo miércoles la declaración de independencia que tuvo lugar en el pleno del Parlamento de Cataluña el pasado día 27 de octubre. Así pues, la votación que en él tuvo lugar carece de ninguna validez legal y política a pesar de que los independentistas lo defiendan. El Constitucional imputó también a la Cámara autonómica de llevar a cabo un “grave atentado” tanto contra el Estado de derecho como contra el principio democrático. La sentencia llega tan solo un día antes de que los miembros de la Mesa del Parlament comparezcan ante el Tribunal Supremo acusados de rebelión.

Con el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, exiliado en Bélgica; parte de los que fueron sus consellers entre rejas y con la carrera por la victoria electoral en las próximas elecciones autonómicas catalanas ya comenzada; el desafío secesionista catalán sigue más vivo que nunca. Aunque, por mucho que les pese a los independentistas, las trabas para defender la supuesta proclamación de independencia de Cataluña son cada vez más grandes. El último paso lo ha dado el Tribunal Constitucional. Otra vez, de forma unánime, el órgano presidido por Juan José González Rivas ha dicho no a uno de los mayores pilares del desafío de Puigdemont. El Constitucional ha anulado la declaración de independencia que el Parlamento de Cataluña aprobó el pasado 27 de octubre. Así mismo, se interprete que la Cámara autonómica cometió un “grave atentado” tanto contra el Estado de derecho como contra el principio democrático al votar esta declaración. Los doce magistrados que conformar este alto tribunal han dicho sí a la anulación con la que el Parlament abría el “proceso constituyente” de la procurada república.

De la misma manera, el Constitucional recuerda que la declaración de independencia votada en el Parlament contradice “frontalmente” dos resoluciones del mismo órgano: la sentencia del pasado 17 de septiembre, por la cual se anulaba la ley del referéndum; y la suspensión de la llamada ley de transitoriedad jurídica del día 12 de septiembre. Entiende el Tribunal Constitucional que, con la aprobación de la ley de ruptura, el Parlament de Cataluña decidió posicionarse al margen del derecho y puso “en riesgo máximo, para todos los ciudadanos de Cataluña, la vigencia y efectividad de cuantas garantías y derechos preservan para ellos tanto la Constitución como el mismo Estatuto”.

La resolución se ha conocido tan solo un día antes de que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, así como los miembros de la Mesa, comparezcan ante el Tribunal Supremo acusados por un delito de rebelión.