En Burundi es obligatorio casarse
El presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, firmó en el mes de mayo una ley para obligar a las parejas que viven en concubinato a casarse por lo civil o lo religioso antes de que terminara el año en curso; una decisión que parece sacada de los cuentos del siglo XIX, pero no, es real. Anteriormente el mismo líder que hizo cambios en la constitución del país africano para conseguir perpetuarse en el poder, alegó que los burundeses debían mostrar tanto su amor por los demás como por su país y que no había mejor manera que oficializando sus matrimonios como un “deber patriótico”.
Desde que fuera aprobada la ley, hace seis meses, comenzaron a producirse ceremonias de matrimonio con carácter masivo y promovidas por funcionarios del estado como si de un asunto gubernamental se tratara. Tal es la cifra elevada de parejas que vivían juntas sin casarse que ahora, a dos meses de finalizar el 2017, se han intensificado los casorios porque está muy cerca la fecha límite para cumplir con la nueva normativa.
De acuerdo con el mandatario burundés, las bodas tienen el objetivo de “moralizar a la sociedad” y proteger a las mujeres, pero han sido muy criticadas por activistas que han denunciando que la ley es una evidente forma de violación de los derechos humanos de los habitantes de ese país porque bajo ningún concepto el estado jamás tiene derecho de atacar a dos adultos que por su propia voluntad deciden vivir juntos sin haber oficializado casamiento. Otros afirman que la nueva ley no tiene en cuenta algunas de las creencias, costumbres y prácticas religiosas tradicionales o diferentes del cristianismo; por ejemplo, en el caso del Islam presente en Burundi aunque no en un alto porcentaje, los hombres musulmanes según su cultura pueden tener hasta cinco mujeres, sin embargo, la ley les permite registrar únicamente a una esposa, y por tanto las cuatro restantes quedarían desamparadas. ¿Qué pasaría con ellas?
En Burundi es usual que existan muchos núcleos familiares construidos sin casamiento. Por eso no pocas parejas llevan décadas juntas, e incluso tienen varios hijos en común aunque no haya de por medio papeles legales que registren tal unión. Uno de los factores que han impedido la celebración de muchos enlaces es precisamente económico: Burundi es uno de los países más pobres del continente, y por ello casarse resulta un procedimiento demasiado costoso para la mayoría. Aunque las parejas tengan el deseo de formalizar su unión y en este caso cumplir con el plazo que estipuló el gobierno para regularizar su situación, muchos novios no conseguirán recaudar el dinero de la dote que se exige para aportar en el momento de conseguir el permiso para desposar a la futura esposa.
De igual forma que el resto de las sociedades africanas, Burundi se rige por un sistema patriarcal y en él las mujeres no casadas son aún más vulnerables en caso de que se produzca una separación porque no contarán con la protección de la ley, y sus parejas se aprovecharán de eso para evadir cualquier responsabilidad legal. Es por eso que con la ley aprobada en el mes de mayo, el gobierno asegura que también va dirigida a ayudar y a proteger tanto a las mujeres como a los niños, además de mejorar la gestión sobre las herencias.
La incógnita sobre este tema radica en que aún no se conoce de qué manera se controlaría el proceso de casamiento y si las parejas están realmente casadas, ni cuál sería el castigo para quien incumpla la ley. Lo que sí es indudable es que el Ministro de Derechos Humanos de Burundi, Martin Nivyabandi, aseguró que a partir de enero habrá castigos para aquellas parejas que no estén regularizadas, las cuales podrán ser llevadas ante la justicia e incluso encarceladas.
Los más críticos afirman que los matrimonios forzados son parte de una nueva “cruzada religiosa” liderada por el presidente de Burundi, quien tiene como objetivo reforzar los valores tradicionales con medidas extravagantes como esa. Y mientras tanto el país africano presume de ser el primero en haber abandonado la Corte Penal Internacional a finales del mes de octubre, además de haber provocado el exilio de casi medio millón de personas hacia los países vecinos desde abril de 2015. Desde entonces la violencia política se ha cobrado la vida de al menos unas 500 personas.
