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viernes, 3 de noviembre de 2017

Prisión incondicional sin fianza para los exconsellers

Por Nacional Newsgur

La juez Carmen Lamela ha dictado prisión incondicional y sin fianza para todos los exconsellers implicados en el desafío independentista liderado por Carles Puigdemont quien continúa en Bélgica. Lamela considera que los implicados tienen dinero suficiente como para huir de España y dado su “alto nivel” de reiteración delictiva ha ordenado su ingreso en la cárcel. Se espera que no todos ellos vayan a la madrileña prisión de Soto del Real donde se ingresaron hace dos semanas los líderes de ANC y Òmnium acusados de sedición.

Unas horas después de conocer que, finalmente, el Tribunal Supremo ha retrasado al día 9 de noviembre la declaración de los miembros de la Mesa del Parlament; la juez Carmen Lamela ha ordenado la prisión incondicional para todos los exconsellers de la Generalitat de Cataluaña. Entre ellos, Lamela ha ordenado la detención del exvicepresidente del Gobierno de Cataluña, Oriol Junqueras. Todos los exconsejeros que se han presentado a la Audiencia Nacional para declarar entrarán en prisión sin fianza excepto Santi Villa que sí entrará en la cárcel pero podrá salir si paga una fianza de cincuenta mil euros. Villa es el único que ha colaborado con la justicia y por ello la juez le ha concedido la fianza.

La noticia se conoce el mismo en que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado a Lamela que ordene la busca y captura nacional e internacional de Carles Puigdemont y los cuatros exconsellers, Antoni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Lluís Puig; que todavía permanecen en Bélgica. Están imputados por rebelión, sedición y malversación de fondos y se niegan a volver para declarar ante la justicia. Es por ello que desde la Fiscalía se ha pedido a la juez su detención dado que es un “hecho notorio y públicamente conocido” la citación de estos cinco políticos además de los “reiterados intentos” de la institución pública por entregar la citación en sus domicilios, así como “reiteradas llamadas telefónicas” a las que “se ha hecho caso omiso”. A todo ello se añade la petición de que se “practique las gestiones necesarias en atención a emitir sendas Órdenes Europeas de Detención dirigidas a las autoridades belgas”. Así pues, la orden del juez pasará a Policía Nacional, que se encargará de trasladársela a la policía belga. Una vez se haya ejecutado en Bélgica, será el turno de un juez belga para que estudie y decida su entrega a España.