A Perú no le gustan los dictadores
Varias organizaciones sociales y políticas anunciaron hoy que pedirán al papa Francisco que no avale el indulto presidencial otorgado al dictador Alberto Fujimori. El anuncio fue hecho por la Confederación General de Trabajadores (CGTP), que conformará un Comando Unitario de Lucha contra el perdón al exgobernante y una de sus primeras medidas será un pronunciamiento dirigido al pueblo peruano y una carta al Pontífice, con el objetivo de que este conozca la crítica realidad nacional y no avale con su presencia a los responsables de cometer tan graves crímenes.
En este sentido, hace alusión al perdón concedido por el presidente de Perú a Alberto Fujimori, condenado por haber cometido crímenes de lesa humanidad y corrupción, medida que motiva repudio de amplios sectores y renuncias de funcionarios y congresistas oficialistas que discrepan. La agencia Fides, del Vaticano, publicó hoy un informe de la situación peruana titulado “Indulto a Fujimori ha desestabilizado el país, también para los obispos es inoportuno”. En el escrito se aborda las protestas callejeras diarias y polarización política generado por el indulto y señala que la iglesia católica peruana pide calma a la población, pero también 'ha criticado duramente la forma en que se desarrolló esta historia'.
De igual forma el comando popular creado coincide en exigir el retiro del presidente Pedro Pablo Kuczynski, solicitando nuevas elecciones, una nueva Constitución y el retorno de Fujimori a prisión. De ahí que planteen el objetivo de construir una organización de poder popular frente al poder político corrupto y en crisis de los gobernantes.
Es por ello que para el próximo 11 de enero las organizaciones sindicales, políticas, sociales, juveniles, estudiantiles, campesinas, vecinales y otras integrantes del comando convocan a una Jornada Nacional de Lucha. El perdón presidencial otorgado a Fujimori ha causado renuncias de funcionarios y congresistas oficialistas, así como el rechazo y repudio de la ciudadanía, amplios sectores y familiares de personas asesinadas y desaparecidas forzadamente durante el Gobierno de Fujimori (1990-2000) que se han movilizado por el territorio peruano exigiendo justicia. En ese sentido representantes de la ONU consideran el hecho como una violación a los derechos nacionales e internacionales.
