El caos reina en Honduras
Este viernes 15 de diciembre proseguían los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad hondureñas y opositores gubernamentales que bloqueaban importantes carreteras del país, su forma de exigir un recuento minucioso de los votos correspondientes a los comicios del 26 de noviembre pasado, cuyo resultado oficial dio la victoria al actual presidente Juan Orlando Hernández por un estrecho margen. En Tegucigalpa, la capital del país, los simpatizantes de la Alianza de Oposición Contra la Dictadura, del líder Salvador Nasralla, colocaron barreras de piedras, prendieron fuego a neumáticos y maderos en las vías, mientras se movían a otros lugares para evadir a los policías.
En varios sectores de la capital se reportó el cierre de las vías antes de las seis de la mañana, pero efectivos de la Policía Nacional y la Policía Militar del Orden Público (PMOP) realizaron desalojos pacíficos de manera inmediata. En ese sentido, prevaleció la quema de llantas y el cierre de las calles con bultos de piedras, aunque la mayoría permanecen parcialmente habilitadas. En estos sectores la circulación vehicular es lenta y se recomienda tomar vías alternativas. A pesar de los esfuerzos policiales, algunos sectores todavía se mantienen cerrados. Las autoridades policiales lamentaron que en el anillo periférico de la capital, los manifestantes encapuchados utilizaran una "nueva modalidad bastante peligrosa" para tratar de impedir la libre circulación de los conductores. Los involucrados en la protesta derramaron aceite de auto y diésel en el pavimento y además colocaron artefactos punzantes de fabricación casera conocidos popularmente como "clavos miguelitos", con la intención de ponchar los neumáticos. También aseguran que se lanzaron “cócteles molotov”.
El Comisionado de Derechos Humanos de Honduras (Conadeh) ha denunciado la muerte de al menos 16 personas, entre ellos dos policías, en las manifestaciones que asolan las calles de Honduras desde el 29 de noviembre por la crisis tras el posible fraude electoral. Según el Conadeh, las protestas se han saldado además con más de 1.675 personas detenidas y una gran cantidad de heridos. El organismo ha expuesto también "los ataques contra periodistas y medios de comunicación, situación que afecta el ejercicio de la libertad de expresión en el país". Asimismo, "lamenta la violencia y condena la muerte y lesión de personas, así como daños a la propiedad y obstáculos al ejercicio de derechos humanos a terceros", alega en un exstenso comunicado. Asimismo, el Conadeh ha pedido a las autoridades correspondientes "una investigación y sanción pronta y exhaustiva de esos hechos y del derecho de las personas y de las familias a conocer la verdad". El organismo hondureño ha señalado además que ha tomado acciones para lograr la liberación de varios de los detenidos, especialmente jóvenes y niños que "no habían cometido delitos", y en alguna manifestación medió para alcanzar un diálogo entre los manifestantes y las fuerzas del orden público."El propósito era lograr que las autoridades cumplieran con su mandato apegado al respeto estricto de los derechos humanos y que las manifestaciones se realizaran de forma pacífica", subraya el organismo, que condena "toda actitud de violencia" en el territorio y los "actos de represión" de las fuerzas del orden.
Los informes preliminares indican que “hemos tenido una pérdida cuantiosa de alrededor de 717 millones de dólares a raíz de la crisis política”, expresó el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Luis Larach. “Estos números son dolorosos para la economía nacional y, principalmente, para la gente más necesitada”.
Hasta el momento, el recuento del 25% de los votos concede el triunfo a Juan Orlando Hernández por 52.000 papeletas frente a Salvador Nasralla, quien se entrevistará hoy con Luis Almagro en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA). No obstante, el binomio Salvador Nasralla-Manuel Zelaya alega que las elecciones fueron el término macabro de un plan orquestado desde hace mucho tiempo atrás, que incluía el control de todas las instituciones y los poderes judicial y legislativo. La oposición alega que este proyecto autoritario se desató en 2012, cuando siendo presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández destituyó a cuatro de los cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia y colocó a otros jueces afines a su programa político. Tres años después, esos mismos magistrados aprobaron su polémica reelección, que se encontraba prohibida en la Constitución y que nunca había sido modificada.
