El narcotráfico, el ejército y los derechos humanos, un cóctel mexicano
México quiere seguridad, pero no está dispuesta a pagar precios tan altos. Por eso el país está revuelto tras la disposición legislativa de convertir en ley el papel de las fuerzas armadas en la guerra contra el narcotráfico. El temor fundamental de la ciudadanía: que se suspendan los derechos civiles básicos, y los soldados se adueñen permanentemente de las calles.
La votación tuvo lugar en la Cámara de Diputados de México. Con 18 votos a favor y 13 en contra, la Comisión de Gobernación aprobó la Ley de Seguridad Interior. Ahora el proyecto pasará al Senado con el objetivo de que se avale la Ley antes de que termine el actual periodo legislativo, el 15 de diciembre próximo.
Tras la aprobación, el Presidente de la República, podrá ordenar por intención propia o a petición de gubernaturas locales, la intervención de la Federación, previamente declarada la Protección de la Seguridad Interior. Las Fuerzas Armadas, Ejército, Marina y Fuerza Aérea, solo intervendrán cuando las fuerzas federales resulten insuficientes para contener la amenaza.
Dos posturas fundamentales se involucran en la Ley. Los partidarios del paquete de seguridad interior alegan que la ley establecería un marco legal para que las fuerzas armadas mexicanas continúen con su lucha contra el crimen organizado. Una batalla que desde hace más de 10 años fue declarada por el poder ejecutivo en ese país. Es por eso que los principales defensores del proyecto son el propio presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Defensa, Salvador Cienfuegos. “Hace tiempo que la Ley de Seguridad Interior dejó de ser solamente una valiosa propuesta para convertirse en una imperiosa necesidad”, dijo Peña Nieto recientemente.
Entre los críticos de la propuesta se haya desde expertos constitucionalistas hasta organismos de defensa de derechos humanos. Fundamentan su negativa en el hecho de que la propuesta legislativa deje a las fuerzas armadas por encima de los mecanismos civiles de rendición de cuentas. Este efecto reduciría los incentivos para que las autoridades locales y estatales construyan organismos policiales efectivos.
Desde que el Ejército se involucró en la guerra contra el narcotráfico, ha sido artífice también de abusos y violaciones a los derechos humanos. En el año 2014, tras un cúmulo importante de denuncias, México reformó el código de justicia militar, previendo que los efectivos puedan ser investigados por cortes civiles en vez de tribunales militares. No obstante, como es de esperara, esas violaciones raramente son castigadas en la práctica.
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por su sigla en inglés) realizó recientemente un estudio que determinó que de 505 averiguaciones abiertas por las autoridades civiles entre 2012 y 2014, solo hubo dieciséis condenas.
