Las cuentas de la Iglesia, al descubierto
Por vez primera en la historia de España, la Iglesia tendrá que rendir cuentas sobre la cuantía económica que recibe a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Que se deba someter a este examen público ha sido decisión del Pleno del Tribunal de Cuentas, que aprobó la decisión de fiscalizar las ayudas que reciben todas las confesiones religiosas del país: judíos, evangélicos y musulmanes.
De esta forma, las instituciones religiosas no solo someterían sus cuentas a una auditoría privada, como tiene lugar desde hace varios años, sino que el Estado sería quien se cerciore de los usos y destinos del dinero que entrega. La Conferencia Episcopal Española ha estado siempre en total acuerdo a cualquier medida que permita mostrar una mayor transparencia ante la sociedad. De hecho, consideran un deber rendir cuenta ante la ciudadanía del dinero recibido tanto a través de la declaración de la renta como de las donaciones privadas de los fieles.
Cada año, el PGE, institución que preside Ramón Álvarez de Miranda aprueba su programa de actividades para el próximo ejercicio en el que incluye una serie de fiscalizaciones a su libre elección. Ya en años previos se han examinado los números del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB) del Banco de España.
La decisión tiene lugar un año después de que cinco consejeros del Tribunal de Cuentas, propuestos por los socialistas (PSOE y Unidos Podemos), reclamaran una fiscalización de la Iglesia a través de dos votos particulares presentados al programa de Fiscalización para 2017. En aquel entonces el pleno del organismo integrado por doce consejeros más el fiscal, no tuvo en cuenta la petición por decisión mayoritaria. Los detractores de la medida, fueron los 7 representantes del PP quienes alegaron que chocaba con los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede.
En aquel entonces, el diputado de Unidos Podemos Segundo González dijo que “todas las instituciones que reciben financiación pública tienen que ser sometidas a una fiscalización rigurosa para que la ciudadanía conozca a qué se destina hasta el último euro”. La Iglesia Católica española se dijo dispuesta a que los fondos que recibe del Estado a través de la casilla del 0,7% de la cuota íntegra del Impuesto sobre la Renta puedan ser fiscalizados por el Tribunal de Cuentas.
“La Iglesia cumplirá en todo momento lo que se solicite desde la autoridad civil en el marco de la legalidad vigente. No hay ningún problema en ello. Para nosotros la transparencia de cara a la sociedad es clave para poder comunicar lo que la Iglesia es y hace. Es su misión en el mundo”, sostuvo Fernando Giménez Barriocanal, vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal.
En el año 2016 el Estado español entregó una suma mensual a la Iglesia Católica de 13.266.216,12 euros. Así propuso el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en la persona de su ministro Cristóbal Montoro. De esa forma mantuvo la cuantía recibida durante 2015. En 2014, el Gobierno popular incrementó levemente esta cuantía, de los 158,4 millones anuales, a los cerca de 159 que planeó para 2015.
