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miércoles, 14 de marzo de 2018

Seguridad militarizada, la nueva realidad latinoamericana

Por Diana M.

Fuerzas militares estadounidenses en toda Centroamérica y Suramérica llaman fuertemente la atención, como también la compra indiscriminada de armas por parte de los gobiernos neoliberales. En este sentido, destaca México como la nación que más armas importó durante el 2017 de todos los países latinoamericanos, seguido por Brasil. Algunos analistas afirman que esta tendencia tiene lugar con el ánimo de intentar frenar la avalancha de los pueblos, como también controlar el desarrollo político y económico de la región. De una forma o de otra, el hecho es que este negocio ha resultado rentable para las empresas armamentísticas en tanto América Latina se ha dirigido hacia la militarización de su seguridad pública.

En el año 2009, luego del golpe de Estado en Honduras al presidente Manuel Zelaya, se conoció del constante aumento de la asistencia de los Estados Unidos a las Fuerzas Armadas, pero, a la vez, el papel de los Estados Unidos en la militarización de las fuerzas nacionales de la policía de ese país.

Según el New York Times, cinco escuadrones de comando se han desplegado en toda América Central para capacitar y apoyar a las unidades antinarcóticos locales.

¿Se avanza en esta militarización de la seguridad latinoamericana? ¿Cuáles serían los objetivos que pretenden alcanzar con esto? Ahora Brasil se une a esta lógica con la militarización de la seguridad de Rio de Janeiro en tanto amenaza con extenderse al resto del país y fuera del mismo.

Según el propio presidente de Brasil Michel Temer, la iniciativa “ha nacido de una realidad que se volvió ineludible, la violencia en Brasil se estaba volviendo cada vez más fuerte, a la par de los esfuerzos del poder público”.

Ahora México ha sido militarizado con el supuesto propósito de contener la violencia, pero, cuáles han sido los resultados, más violencia y aumento del gasto militar en ese país. Así lo demuestran las cifras. Luego de esta estrategia de militarización con el supuesto propósito de combatir el narcotráfico, no se han reducido la violencia ni los crímenes, por el contrario, han aumentado. Desde diciembre de 2006 hasta febrero de 2017 los militares detuvieron a 80 259 personas, alrededor de 21 personas por día. Además, la Procuraduría General de la Republica ha iniciado 2418 investigaciones contra las Fuerzas Armadas por 5600 quejas en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por actos de torturas cometidos por ellos.

En paralelo, las Fuerzas Armadas han crecido en un 61.7 % en los últimos 17 años; han pasado de 207 800 efectivos a 336 000. El gasto militar en 2016 fue equivalente al 0.6% del PIB de ese país. Además, es sabido que se triplicó la compra de armamentos entre 2010 y 2016. México cerro el 2017 con 25 339 homicidios, la cifra más alta desde que iniciaron los registros a nivel nacional en 1997, y registro 2156 homicidios en el primer mes del año 2018.

En el 2017 la ciudad de Rio de Janeiro fue escenario de 6731 asesinatos y 16 tiroteos diarios con un saldo mínimo de 2 personas muertas en cada uno, casi siempre de personas negras. En su mayoría las víctimas de delitos violentos y homicidios en Rio de Janeiro y todo Brasil, son los pobres y residentes negros de las favelas. De acuerdo al estudio “2017 ViolenceActs” registrado por el Instituto de Investigaciones Económicas Aplicadas, y el Foro Brasileño de Seguridad Publica, por cada 100 asesinatos en Brasil, 71 son a negros; es decir, tienen un 23.5% más de probabilidad de ser asesinados los de este color de piel. Además, más de las tres cuartas partas de los homicidios policiales en el 2016 fueron también a negros.

En los últimos 17 años el Ejército y las Fuerzas Armadas de México han crecido desproporcionadamente, gracias a la aplicación del Plan Mérida, y la llamada guerra contra el narco iniciada por el expresidente Felipe Calderón. A través de esta iniciativa se militarizó la defensa nacional, la lucha contra el crimen organizado y llevó a las calles primero al Ejército y luego a la Marina Nacional. A partir de entonces se desencadenó una ola de violencia catalogada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otros organismos internacionales, como causante de la muerte de más de 150 mil personas desde el 2016 y la desaparición oficial de 33 mil personas, una cifra que podría ascender a las 66 mil.

Durante este tiempo se han repetido las acusaciones de ejecuciones extraoficiales y la participación de las fuerzas armadas en organizaciones criminales. El último golpe se asestó a finales del año pasado con la autorización de la llamada ley de seguridad interior, una ley que es señalada por los defensores de los derechos humanos como militarizante. Con ella se pondrían a las Fuerzas Armadas al servicio directo del ejecutivo, o sea la presidencia de México, quien podría decretar cuándo es necesaria la intervención de las fuerzas armadas en un conflicto interno, dígase para enfrentar movimientos sociales o protestas legítimas.