Una costosa malversación
La Guardia Civil Española ha conseguido acreditar que la cantidad de dinero público destinado por la Generalitat de Cataluña al proceso soberanista supera los 1.915.067,22 euros. Según el informe de la Benemérita que obra en poder del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena desde el pasado 27 de marzo, esta cantidad malversada se divide en seis conceptos y señala específicamente a los exconsejeros Jordi Turull y Raül Romeva, y destapa la función como sociedad interpuesta de Omnium Cutural.
En primer lugar, los investigadores recogen el coste de la publicidad en medios de comunicación para publicitar el referéndum ilegal del 1-O. El importe en este punto asciende a 502.639,61 euros, que se dividen en dos campañas: CCMA publicidad TV3, anunci Vías y otros (277.804,36 euros) y la Campaña Sí o no (224.835,25 euros).
El segundo capítulo tiene que ver con los «servicios» prestados por la empresa UNIPOST, que supusieron un desembolso de 979.661,96 euros. A esta cantidad la Guardia Civil añade 651,80 euros destinados a sufragar la compra de 56.196 sobres. Estas cantidades, que según el informe no se han registrado en el Registro Central de Facturas de la Generalitat y que en ningún caso incluyen IVA, se dividen en seis departamentos: Cultura (196.696,98 euros), Vicepresidencia, Economía y Hacienda (193.889,98 euros), Salud (192.711,20 euros), Trabajo, Asuntos Sociales y Familia (197.492,04 euros) y Presidencia (198.871,76 euros). Según los investigadores tampoco constan como abonados los importes de las mismas.
El informe, de nueve páginas, recoge asimismo que la Generalitat, a través de Antoni Molons García, secretario de Difusión y Atención Ciudadana del Departamento de Presidencia, utilizo a Ómnium Cultural como sociedad interpuesta para realizar labores relacionadas con la solicitud a empresas de artes gráficas y distribución de carteles propagandísticos en los que se llamaba a la población a votar en el referéndum del 1-O.
La elaboración y difusión de estos carteles con el logo de la Generalitat la gestionó Omnium para ocultar que era la propia Generalitat quien sufragaba los gastos de estos carteles, asegura el informe antes de detallar que el gasto en su impresión y reparto ascendió a 61.879 euros.
La Guardia Civil también recoge las conclusiones de las diligencias practicadas con motivo de la invitación de Diplocat a diversos observadores internacionales para la verificación del referéndum del 1-O y los gastos públicos destinados a su alojamiento y traslado. Asimismo, detalla el contrato suscrito por la Delegación del Gobierno de la Generalitat de Cataluña ante la Unión Europea con la sociedad The Hague Center for Strategic Studies. En este cuarto apartado la cantidad asciende a 177.065 euros.
Los investigadores concluyen que «el responsable último de estas dos instituciones, la Delegación del Gobierno de la Generalitat de Cataluña ante la unión Europea y Diplocat es Raül Romeva Rueda», exconsejero de Exteriores de la Generalitat.
Por otro lado, los investigadores advierten al juez de que se están desarrollando otras líneas de investigación relacionadas con el pago de unos informes realizados por Carles Pi i Sunyer o su entorno en relación con la preparación del referéndum y del dinero empleado para el acondicionamiento de un call center donde se pretendía gestionar y centralizar los datos de la consulta ilegal, así como del material principalmente informático para llevarlo a cabo. En este sentido hay un gasto de 40.227,78 euros dedicados a la adquisición de material informático a la empresa Fujitsu que aún está en fase de investigación.
