Un posible soborno acecha a los diputados alemanes de una empresa de armas
La compañía alemana de armamento Heckler & Koch (H&K) está bajo la lupa por escándalo de corrupción y señalada por un presunto soborno a diputados germanos, según indicaron esta semana medios informativos locales. De acuerdo con un informe de auditoría interna de la empresa en 2011, divulgado este martes por la televisora pública ARD, Peter Beyerle, exdirector de la compañía sobornó a miembros de los partidos Unión Demócrata Cristiana de Alemania (CDU) y Partido Democrático Libre (FDP) para obtener licencias de exportación de armas a México.
Seis exempleados de Heckler & Koch podrían enfrentar una pena de hasta cinco años de prisión y la empresa sería multada con una elevada suma de dinero. Según el medio, en 2009 y 2010, la empresa ofreció a dos altos cargos del FDP, cuya identidad no fue revelada, cinco mil euros a cada uno, sumas que más tarde fueron transferidas a las cuentas del partido.
La cadena destaca en su reporte que la representación de la formación política CDU en la ciudad de Rottweil, al sureste de Alemania, recibió mil euros. El medio de prensa subrayó que tres semanas después de la transferencia, Beyerle le escribió a Volker Kauder, un alto miembro de la asociación local de la CDU, solicitándole su apoyo en la concesión del permiso de exportación.
El portavoz del Tribunal Regional de la sureña ciudad de Stuttgar, Heiner R'mhild, aseguró que 'las investigaciones reflejarán si las donaciones a los partidos tuvieron algún efecto en la concesión del permiso a Heckler & Koch'. Pese a ello, continúa el juicio a los seis altos ejecutivos de la compañía acusados por venta ilegal de armas a México empleadas en la masacre de Ayotzinapa, en franca violación a la legislación germana que 'prohíbe la entrega de armas a zonas en conflicto fabricadas por empresas nacionales'.
Los acusados están presuntamente vinculados con la venta a México, entre 2006 y 2009, de más de cuatro mil 500 fusiles de asalto automáticos HK G36. El activista Jurgen Grasslin, impulsor del juicio, investigó los negocios de exportaciones alemanas y demandó al fabricante en abril de 2010, convencido de que Heckler & Koch suministró armas al país norteño de forma ilegal.
Grasslin subrayó que 'las personas que autorizaron la exportación de armamentos son cómplices de asesinato, ya que los fusiles HK G36 fueron enviados a la policía de Iguala, una ciudad del estado de Guerrero en México'. El juicio ante la Audiencia Provincial de Stuttgart sesionará hasta finales del próximo 25 de octubre.
