El Tribunal Supremo ratifica la insolidaridad de España
Durante la crisis de los migrantes, la Unión Europea repartió cupos por países. A los del norte no les gustó porque, de natural, muchos migrantes no habrían llegado ahí, y a los del sur tampoco porque ya los recibían diariamente en sus costas. A España – o al menos a su gobierno – no le hizo mucha gracia que le asignaran nada menos que 19.449 refugiados, de los cuales se tenía que encargar de tramitar sus peticiones de asilo.
Para todo hay una primera vez, y esta es cuando el Tribunal Supremo de nuestro país ha condenado al mismo Estado por incumplir (parciamente) las obligaciones que se le encargaron desde Europa. Y es que de los casi 20 mil inmigrantes a los que se debía tramitar el asilo, solo un 12,85% lo lograron.
El Tribunal considera, por lo tanto, que la orden Europea era vinculante y obligatoria, por la que no hacer tal como se pedía era claramente un incumplimiento de las normas
Ante el silencio del Gobierno de Rajoy, siempre tan reticente en estos temas más sociales y humanos, la Associació de Suport a Mare Nostrum decidió plantear un recurso para que el Gobierno tuviese que dar la cara y responder por sus negligencias. La organización pedía, además, que se obligase al Ejecutivo a cumplir con su deber, pese a que han pasado meses de ello.
El Gobierno tuvo tiempo – y recursos, si hubiese sabido organizar los presupuestos para acoger y regularizar a los inmigrantes. Desde el 25 de septiembre de 2015 hasta el 26 de septiembre de 2017 se esperó a que hiciesen algo, pero se acercaba la fecha y los porcentajes hablaban por si solos. Ahora, el que ha hablado ha sido el Tribunal Supremo, y la noticia no es la mejor para el anterior Ejecutivo.
