Los límites del poder, cada vez más difuminados
Allá por el siglo XVIII, Montesquieu y Locke pensaron que sería una buena idea garantizar la libertad de los ciudadanos a partir de la división de poderes. ¿En qué consiste? Bien, ambos filósofos se dieron cuenta que la libertad era el mayor valor que la política tenía que defender, pero a la vez vieron que el poder era el máximo enemigo de esta ansiada libertad, ya que puede incurrir fácilmente en el abuso. Para ello idearon un sistema de autocontrol, de contrapesos, para que las decisiones importantes – en definitiva, la libertad – no se concentrasen en manos de unas pocas personas. Así nacieron el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, una teoría que, más o menos, se ha aplicado en todos los países de occidente.
En España, la cosa se estructura de esta manera. Nuestro poder legislativo está formado por el Parlamento, que en este caso consta de dos cámaras de representación, el Congreso y el Senado, formado por senadores y diputados escogidos por el pueblo mediante elecciones. En el poder ejecutivo, escogido por el Congreso, nos encontramos a Rajoy y CÍA, es decir, sus ministros: Soraya, Montoro, de Guindos, etc. Ellos gobiernan, más o menos. Finalmente, el poder judicial está compuesto por jueces y magistrados, abogados, fiscales y órganos importantes como la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo (el Tribunal Constitucional va a su bola y se considera un órgano independiente del poder judicial).
En España, además de esta magnífica (y ¿teórica?) división, también tenemos mucha (muchísima) corrupción. Mercedes Alaya, una de las juezas más reconocidas en nuestro país a raíz del caso de los ERE de Andalucía, acusa al poder judicial de entrometerse en el lugar que no les corresponde. Alaya critica que los políticos tengan una doble vara de medir y mientras en un procedimiento secreto les “dan permiso” “por lo bajini” para seguir investigando, en un caso mediático y de grandes envergaduras intentan poner trabas a la investigación, por ejemplo, limitando plazos. En opinión de Alaya – y teniendo un poco de sentido común se puede llegar a la misma conclusión – se trata de un “ataque frontal a la justicia” y al trabajo de todos aquellos que se esfuerzan para garantizarla.
“No se puede poner una espada de Damocles encima” de los investigadores, y esto incluye tanto a jueces y magistrados como a la policía y Guardia Civil, asegura la juez, ya que ellos “son los verdaderos investigadores del caso”, y a quienes los plazos también limitan. “Tenemos que trabajar con cierto sosiego”, reclama. Pero lo que está claro es que hay mucha gente a quién no le interesa que la justicia y la investigación puedan trabajar con sosiego: aquellos a quién están investigando, aquellos que abusan del poder porque lo tienen en sus manos. Al poder ejecutivo y al legislativo, por ejemplo.
Y así va España, con líneas difuminadas entre los poderes, y con abusos y corrupciones sin resolver cometidos por nuestros gobernantes (González, Pujol o Chaves y Griñán). Lo dice así de claro Mercedes Alaya: “esto no es serio”.
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