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miércoles, 7 de junio de 2017

Bárcenas, el primero en comparecer ante la comisión de investigación

Por Nacional Newsgur

El extesorero del Partido Popular será el primero en comparecer ante la comisión que investiga la supuesta financiación del partido en el Gobierno. Así lo han pactado Ciudadanos, PSOE y Podemos ante el desencanto de los populares que tratan de parar esta comisión y amenazan con recurrir a los tribunales para frenar una investigación que tachan de “cacería” hacia los suyos. La decisión se pactó este martes y deja la comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para los últimos días, probablemente, después de que acuda ante la Audiencia Nacional el próximo 26 de julio en calidad de testigo del “caso Gürtel”.

La jornada del martes permitió conocer qué miembros del Partido Popular serán los que tengan que comparecer ante la comisión que investiga la supuesta financiación ilegal del partido y en qué tiempos deberán hacerlo. Para ello, tanto el PSOE como Ciudadanos y Podemos llegaron a un acuerdo sobre el arranque de la comisión. La decisión final situó al extesorero de los populares, Luis Bárcenas, como el primero en declarar ante dicha comisión del Congreso. Aunque es cierto que los socialistas propusieron al presidente del Gobierno para abrir la rueda de comparecencias, recularon a favor de alcanzar un pacto con el resto de fuerzas políticas implicadas.

Las apariciones de los citados se realizarán entre la última semana de junio y la primera de julio y la de Rajoy será de las últimas. Antes que él comparecerán Carmen Navarro, Ángel Sanchís, Cristóbal Páez y Rosendo Naseiro, quienes han sido responsables de la financiación de los populares en distintos momentos en los que se centra la investigación. Lo más segura es que la comparecencia de Rajoy se produzca después del 26 de julio, fecha en la que deberá presenciarse en la Audiencia Nacional para declarar en calidad de testigo por el “caso Gürtel”.

Lo pactado este martes no ha sido de agrado en el seno del Partido Popular que ha llegado a calificar la decisión de “cacería” y que amenaza con recurrir a los tribunales planteando un conflicto de atribuciones. Los populares alegan que la investigación ha de tener tanto límites temporales, realizarse desde 2005 cuando se cambió la ley; como territoriales, acotarse a la actividad del PP nacional; y de fondo debido a que ya existen investigaciones judiciales abiertas y a que el Parlamento está para exigir responsabilidades al Gobierno y no a un determinado partido como el Partido Popular.

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