El ducado de Franco, a debate
El pasado 4 de julio, día en que el BOE hacia pública la concesión del ducado de Franco a Carmen Martínez-Bordiú, la reacción del Gobierno del mandatario Pedro Sánchez no se hizo esperar, y por boca de la propia ministra de Justicia, Dolores Delgado, se anunciaba su intención de eliminar dicho título que la nieta del Caudillo solicitó en marzo, tres meses luego de fallecer su madre, Carmen Franco. El argumento que se alega es que esta concesión choca con el artículo número 15 de la ley de Memoria Histórica, que prohíbe terminantemente todo símbolo en memoria o reconocimiento de la dictadura franquista.
Este alegato ha desatado verdadera indignación entre los expertos en materia nobiliaria, que lo consideran un auténtico disparate. Argumentan que Don Juan Carlos no concedió el ducado de Franco en homenaje a la memoria del caudillo, sino que se lo otorgó de forma personal a su hija Carmen, y por tanto no viene al caso apelar a la Ley de Memoria Histórica.
La motivación que lleva a Don Juan Carlos a conceder dicho ducado fueron los méritos de la propia Carmen, que nada tiene que ver con su padre, asegura el genealogista y abogado José Luis Sampedro.
En efecto, en el texto del decreto de concesión, que está fechado el 26 de noviembre de 1975, solo cuatro días luego de subir al trono Don Juan Carlos, dice “deseando dar una muestra de mi aprecio por doña Carmen Franco Polo y en atención a sus merecimientos y excepcionales circunstancias que en ella concurren , vengo en concederle la merced nobiliaria de duquesa de Franco.
Parece claro que la intención del anterior monarca fue reconocer el servicio que en aquellos difíciles momentos hizo la hija del caudillo a la Corona y la propia Reina Sofía reconoció en la biografía autorizada que escribió Pilar Urbano: "Gracias a Carmen se pudo obtener el testamento del general Franco, muy importante porque decía que los españoles tenían que ponerse al lado del nuevo Rey, Juan Carlos”.
Opinión que comparte el también abogado y especialista en derecho nobiliario Javier Timermans, quien incluso califica la actitud del Gobierno de afrenta a la propia Corona.
Según él, se trata de una injerencia inadmisible, pues el artículo 62/f de la Constitución otorga al Monarca la exclusiva facultad de conceder honores y distinciones de acuerdo con las leyes, y también de revocarlos. A lo que añade lo que considera fraude de ley que para él supondría que el Gobierno elimine permanentemente el ducado de Franco.
