Adiós a los aforamientos
La Asamblea Regional de Murcia aprobó ayer la reforma de su Estatuto de autonomía con el fin de eliminar la figura del aforamiento de los diputados y miembros del Gobierno. Se trata del primer parlamento autonómico en hacerlo y con ello el PP cumple así la condición que Ciudadanos le exigía para dar luz verde al nombramiento de Fernando López Miras como presidente de la comunidad autónoma.
Adiós a los aforamientos en la comunidad autónoma de Murcia. Así lo hizo efectivo ayer el Partido Popular que, finalmente, votó a favor de la reforma apoyada por PSOE, Ciudadanos y Podemos. De esta manera cumple una de las condiciones que el partido de Albert Rivera le impuso como “innegociables” para apoyar la subida al poder de Fernando López Miras. El candidato del PP contará con el apoyo de Ciudadanos quienes facilitarán su investidura como presidente de la comunidad el próximo sábado. Llenaría así el vacío de poder tras la marcha del investigado en el “caso Auditorio”, Pedro Antonio Sánchez, el pasado 4 de abril.
Con la desaparición de los aforamientos se eliminaría así la protección especial de la que gozan algunos representantes públicos y que impide que puedan ser juzgados por los tribunales ordinarios. Para ello se ha de suprimir el segundo párrafo del artículo 25.2 y del 33.7 del Estatuto, que posteriormente tendrá que ser aprobado por las Cortes Generales para su entrada en vigor. El proceso podrá llegar a alargarse hasta seis meses pero será el próximo sábado cuando, una vez aprobada la reforma, tendrá lugar la designación del nuevo presidente, Fernando López Miras, tras el apoyo de Ciudadanos al PP.
La comunidad autónoma de Murcia se convierte así en la primera de España en eliminar estos privilegios que cuentan con casi 250 mil personas aforadas, según los datos proporcionados por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, el pasado marzo durante su comparecencia en el Congreso. De ellos, más de 232 mil son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las autonomías. El resto pertenecen a las instituciones públicas estatales o autonómicas.
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