El Parlament llama a Rajoy y Santamaría a declarar
El presidente del Gobierno y la vicepresidenta han sido citados por el Parlamento catalán para declarar sobre la “operación Cataluña”. La comisión aprobada ayer ha llamado también a presenciarse ante la cámara al ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido; su antecesor, Jorge Fernández Díaz; o al exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, entre otros. Un total de 54 citados que declararán a finales de mayo.
La comisión creada ayer para la investigación de la “operación Cataluña”, donde supuestamente el Estado habría actuado contra el independentismo creando toda una serie de trabas al proceso soberanista; dio a conocer la lista de los citados a declarar ante la cámara catalana. Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría son protagonistas de más renombre dentro de este largo inventario que incluye hasta 54 citados. Fue la CUP quien pidió la comparecencia del presidente del Gobierno en esta investigación. JJunts Per Sí fue el único partido que apoyó su idea pues tanto Ciutadans como PSC y Catalunya Sí Que Es Pot se abstuvieron. El único partido que votó en contra fue el Partido Popular de Cataluña.
Pero Rajoy y Sáenz de Santamaría no estarán solos en su comparecencia. 52 personas más les acompañarán. Entre ellos, el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, el director del gabinete de Presidencia Jorge Moragas o la secretaria general del Centro Nacional de Inteligencia Beatriz Méndez de Vigo, entre otros miembros del Estado. A la cámara catalana también ha sido llamado a declarar Jorge Fernández Díaz. El ex ministro de Interior ha sido tachado por los grupos soberanistas como el artífice y autor de esta “operación Cataluña”.
A finales de mayo tendrán lugar las comparecencias de los citados que, en caso de no acudir, se les volvería a llamar. Si finalmente no se presenciasen la Mesa del Parlament podría alertar al fiscal por si existiera un posible delito de desobediencia. Cuestión que dista de los informes del Consejo de Estado y de la Abogacía del Estado que aseguran que los altos cargos del Gobierno no deben acudir al Parlament a pesar a ser requeridos. Así mismo, sentencia que las comisiones de investigación de las Cámaras regionales deben ceñirse a los órganos y autoridades de la Comunidad Autónoma ya que los testigos deben ser autoridades con competencias dentro del ámbito autonómico y no por “todo el territorio nacional”.