La ley mordaza de Podemos
No hace ni dos meses que Podemos pedía la derogación completa de la Ley de Seguridad Ciudadana, popularmente conocida como la Ley Mordaza, aprobada gracias a la mayoría absoluta que el Partido Popular tenía en la anterior legislatura. Ahora, el partido morado ha cambiado su vara de medir y ha presentado una propuesta que ha enfurecido no solo a la sociedad, sino al colectivo de jueces y magistrados. Tampoco hace mucho defendieron a capa y espada a Cassandra Vera, artífice de unos tuits nada pacíficos donde, además de mofarse de Carrero Blanco, deseaba la muerte de algún que otro político. En casa Podemos han olvidado sus propias consignas.
Libertad de expresión, libertad de expresión, libertad de expresión. Sí, hasta que diga basta. La iniciativa de Pablo Iglesias choca con las políticas del partido, y esto ha molestado a las bases y a Monedero. “La homofobia no se combate con censura”, así de tajante ha sido el cofundador del partido. Pero ¿cuáles son las propuestas de Pablo Iglesias? Así de sencillo: multar a todo aquello que haga una broma o una crítica sobre la comunidad LGTB en las redes sociales y que pueda considerarse ofensivo. No se trata de una idea suelta que haya soltado en un discurso: es una política que ha plasmado en una Proposición de Ley: van en serio. En este documento se contemplan sanciones administrativas de hasta 10.000 euros para todo aquél que se atreva a “difundir en Internet o en las redes cualquier tipo de expresiones, imágenes o contenidos que sean ofensivas o vejatorias por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género o características sexuales contra las personas LGTBI o sus familias”.
El segundo problema – el primero es la (no) libertad de expresión – es que Podemos estaría atribuyendo unas competencias a los funcionarios que tradicionalmente han sido encargo de jueces y magistrados. Y si seguimos leyendo artículos de la ley llegamos a un punto que parece destinado a los de Hazte Oír y su autobús: “ante cualquier infracción, cualquiera que sea su naturaleza, se procederá al decomiso y destrucción, borrado o inutilización de libros, archivos, documentos, artículos y cualquier clase de soporte objeto de las infracciones administrativas…”. También en este punto los expertos discrepan de Pablo Iglesias: el secuestro de publicaciones es un trabajo exclusivamente del poder judicial, y así está reconocido en la Constitución española en su artículo 20.
Por si acaso la Proposición de Ley prosperase, internautas, absteneos de hacer cualquier comentario irónico o con humor sobre la comunidad LGTBI.
