Cataluña vuelve a la carga con la independencia
El presidente de la Generalitat (gobierno autonómico de Cataluña), Carles Puigdemont, anunciará la fecha y la pregunta del referéndum de autodeterminación que prometió a sus votantes. El movimiento independentista catalán pasará una vez más por una prueba de fuego. Varias son las opiniones a favor y en contra de una eventual separación catalana. Cerca de tres siglos después de que las tropas del rey Felipe V tomaran la ciudad de Barcelona el 11 de septiembre de 1714, un millón y medio de catalanes salieron a las calles para conmemorar la fecha y reclamar su conversión en un “nuevo Estado de Europa”.
La participación en la Diada o fiesta nacional catalana fue una reafirmación de las diferencias culturales, históricas y linguísticas de esta comunidad autónoma respecto a España. El triunfo de las tropas borbónicas en 1714 y la implantación del Decreto de Nueva Planta en 1716 sustituyeron el orden político, jurídico e institucional catalán por el de Castilla. No fue sino hasta el fin de la dictadura de Francisco Franco y la entrada en vigor de la Constitución de 1978 que las demandas independentistas cobraron auge. La actual crisis económica que padece España echó más fuego a los intentos separatistas.
El reclamo separatista tiene su eje en la posibilidad de decidir y administrar el territorio propio, sus infraestructuras, sus recursos, su educación, su cultura, e incluso, su idioma. Sin embargo, mella con lo establecido en la Constitución española en cuyo artículo 2 subraya “la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”. Ese ha sido el argumento esgrimido por el gobierno de Mariano Rajoy que señala como inconstitucional el referendo.
Desde el gobierno señalan que no permitirán la división de esa región. Aluden además que supuesta independencia de Cataluña no significaría sacar a la comunidad de España, sino acabar con España, porque España no tiene sentido sin Cataluña. Obviamente sentaría un “mal” precedente para otras regiones como el País Vasco y Galicia.
Otro tema es que los catalanes a favor de la separación consideran que económicamente España los aprieta demasiado. Deben pagar anualmente 16.000 millones de euros al Gobierno central, lo que corresponde al 8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de la comunidad autónoma.
Al respecto, muchos consideran que Madrid no retribuye a la comunidad en correspondencia con sus aportes. Al respecto, hay analistas que consideran que una separación simbolizaría una pérdida de Cataluña del 24 por ciento. Ello se debe a que las importaciones catalanas retrocederían en casi el 9 por ciento del PIB de la región, mientras que su déficit exterior se dispararía hasta los 25 mil millones de euros.
Quienes no son partidarios de la separación indican además que un Estado catalán se quedaría fuera de la Unión Europea, del euro, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), y hasta de la liga de fútbol. Su futuro ingreso al bloque tendría obligatoriamente que pasar por la aprobación de todos los miembros y España tendría derecho al veto. En un escenario así Cataluña no sería viable como Estado.
A pesar de ello, la posibilidad de que Cataluña se independice es casi un hecho, o al menos nunca había estado tan cerca.
