El Gobierno recuerda a los funcionarios el riesgo del referéndum
El Ejecutivo centrar ha querido recordar a los funcionarios de Estado el riesgo que supondría su participación en el referéndum ilegal que quiere llevar a cabo la Generalitat de Cataluña. En la misma semana en que se espera que Carles Puigdemont haga pública la fecha de la consulta, el Gobierno de Rajoy ha querido remarcar cuál sería el protocolo a seguir en caso de que se recibiesen órdenes de incierta legalidad. Aunque desde la Generalitat se aseguró que en la preparación del referéndum no se pondría en peligro la labor de los funcionarios, desde el Gobierno no se fían y les instan a dar parte de cualquier mandato contrario a la Constitución.
Esta semana es clave para el proceso independentista en Cataluña. Tras las advertencias del Ejecutivo central sobre la ilegalidad de llevar a cabo la consulta secesionista, Puigdemont no se ha dado por vencido y ha continuado con su cruzada. En esa línea, el presidente de la Generalitat catalana hará pública, a lo largo de esta semana, previsiblemente los días finales; la fecha en la que piensa llevar a cabo el referéndum independentista. Con la pregunta a realizar aún en duda de todos, Puigdemont buscará en la jornada del martes conocer con qué apoyos reales cuenta, descartando al Estado español. Así se dejará ver en la reunión del Pacto Nacional por el Referéndum donde los grupos y entidades que lo forman, partidarios del “derecho a decidir”, dejará constar su apoyo o no a la realización de la consulta ilegal. Conocer tanto el apoyo de Podemos como el del partido de Ada Colau, Catalunya en Comú, será determinante para los intereses de la Genralitat.
Ante la previsible noticia sobre la fecha, el Ejecutivo central ha querido recalcar el papel de los funcionarios en dichos comicios. Tras la reunión entre la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y Miguel Borra, presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF); Moncloa ha recordado el procedimiento a seguir en caso de que un funcionario reciba una orden contraria a la Constitución. Aunque Puigdemont aseguró que no pondrá en peligro sus puestos, de cara a la realización del referéndum; desde la Administración central no se fían e instan a los mismos funcionarios a exigir a sus superiores que les pongan por escrito aquellas órdenes que consideren ilegales. Si el superior persistiese en el acatamiento de la orden ilegal, el trabajador deberá acudir a los respectivos recursos legales. Así mismo, desde Moncloa se recuerda las sanciones que podrían sufrir en caso de actuar contra la Constitución.
