La guerra de Duterte contra las drogas suma 5.000 muertos
En Filipinas la muerte puede llegar fácilmente a manos de fuerzas de la policía, militares o simplemente un vecino. La controvertida guerra contra las drogas declarada por el gobierno de Rodrigo Duterte, desde que asumió el poder el pasado 30 de junio, suma ya más de 5 000 fallecidos. Ya lo dijo el propio presidente: "Hitler masacró a tres millones de judíos. En Filipinas hay tres millones de adictos. Me gustaría masacrarlos a todos". Y lo está cumpliendo. La campaña nacional que busca erradicar "la epidemia de la drogadicción y del narcotráfico" en el país, ha incluido miles de ejecuciones extrajudiciales realizadas con total impunidad, otros tantos fallecidos como consecuencia de las operaciones policiales, y cifras similares de sospechosos arrestados. También millones de hogares han sido visitados por oficiales en busca de presuntos narcotraficantes y consumidores de sustancias prohibidas.
La población tiene miedo, no quiere salir a la calle. Gente inocente, entre ellos niños, ha muerto bajo el fuego cruzado de las operaciones policiales. Daniel Berehulak, fotógrafo del diario New York Times y veterano fotorreportero de guerra, describía sus vivencias en la nación asiática como un nuevo nivel de crueldad donde los policías disparan a cualquiera que consideren sospechoso de vender o consumir drogas, y donde los vigilantes (cooperantes civiles) se toman en serio el llamado del presidente de asesinarlos a todos.
Muchos no quieren reconocer y reclamar a sus muertos en las morgues por temor a que los vinculen con el mundo de las drogas y se conviertan así en objetivo de las autoridades y los vigilantes. Esta situación presagia una inminente emergencia sanitaria, dado que las morgues están al tope de su capacidad. Por otra parte, la campaña masiva de aniquilamiento ha provocado una saturación de las cárceles por los miles de arrestos y también porque muchos jóvenes se han entregado voluntariamente a las autoridades para evitar la muerte en las calles.
Es la realidad que viven los filipinos desde los primeros días del gobierno de Duterte, realidad a la que se suman los mismos problemas sociales de antes sin resolver. El mandatario ha preferido implementar esta política de mano dura en vez de luchar contra la pobreza, mejorar la atención médica y la educación, y fomentar la creación de empleos. Si bien la economía de Filipinas muestra un buen comportamiento en los últimos años, esto no ha incidido de manera positiva en la reducción de la desigualdad o en la mejora de la calidad de vida de gran parte de la población, una cuarta parte de la cual se encuentra por debajo del umbral de la pobreza.
Otros síntomas demuestran cuán fallidas e ineficientes son las tácticas antidrogas que desarrolla el gobierno. En las calles de Manila, la capital, puede encontrarse la metanfetamina cristalina, conocida como "shabu", a precios más baratos que antes, cuando deberían haber aumentado siguiendo las leyes de oferta y demanda. "Si los precios han caído, eso indica que las medidas que se han tomado no han sido eficaces", señala Gloria Lai, participante del Consorcio Internacional de Políticas de Drogas.
La comunidad nacional e internacional, especialmente los activistas de Derechos Humanos, han condenado de manera unánime la estrategia antidrogas del gobierno filipino, sin embargo, tal parece que su fin no está próximo. Rodrigo Duterte sigue empeñado en su estrategia de no parar "hasta que el último capo de la droga o el último traficante esté entre rejas. O bajo tierra, como ellos prefieran", como aseguró en su primer discurso del Estado de la Nación.
