México: asesinatos, enfrentamientos y pocas respuestas gubernamentales
La violencia en México toma cada vez matices más oscuros. En medio de enfrentamientos policiales con normalistas, los recuerdos de los desaparecidos de Ayotzinapa y las recientes protestas de periodistas reclamando sus derechos a ser protegidos, el Estado mexicano ha reconocido su deber incumplido. Según fuentes oficiales, de 2009 al presente año, 123 periodistas fueron asesinados en diferentes lugares del país. Desde que Enrique Peña Nieto asumió el gobierno mexicano, 47 periodistas han sido ultimados. Desgraciadamente, muchos periodistas han reconocido que el Estado de México ha fallado en proteger a los reporteros, garantizar su tranquilidad y sancionar a los culpables de los crímenes. Todas las autoridades han optado por la restricción de derechos y no ofrecer respuestas.
México es uno de los países más violentos de América Latina, eso lo sabemos todos. Dentro de un continente que se caracteriza por tener altísimos índices de violencia, la nación mexicana tiene un lugar preponderante. Esta vez, quienes alzan su voz contra la violencia en detrimento de su gremio son los periodistas; pues un gran escándalo se desató luego de que se destaparan hechos de vigilancia y espionaje de los servicios de inteligencia hacia el sector de la información. A ello se suman las protestas de los reporteros contra la inactividad del gobierno y la constante vulneración de sus derechos.
Según fuentes oficiales, de 2009 al presente año, 123 periodistas fueron asesinados en diferentes lugares del país; de ellos 47 desde que Enrique Peña Nieto asumió el gobierno mexicano, sin que se hayan encontrado culpables y en algunos crímenes. Ni siquiera se han iniciado procesos judiciales o de investigación. El último de los casos más indignantes y renombrados fue el asesinato de Javier Valdés, corresponsal del diario La Jornada en Sinaloa.
Según Leopoldo Maldonado, dirigente de una de las Organizaciones No Gubernamentales creadas para defender y representar al gremio periodístico, en 2016 con 11 asesinatos, México se convirtió en el tercer país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo. Una de las ONGs más activas en esta lucha es Vigilancia Frente Común.
Enrique Peña Nieto ha afirmado que: “Es obligación del Estado otorgar garantías, especialmente ante la amenaza que hoy representa el crimen organizado”. Sin embargo, numerosos analistas y periodistas han confirmado que la única amenaza no es el crimen organizado. Un alto porcentaje de los asesinatos a periodistas han vinculado a funcionarios a niveles locales y a policías y otros agentes del Estado.
Desgraciadamente, muchos periodistas han reconocido que el Estado de México ha fallado en proteger a los reporteros, garantizar su tranquilidad y sancionar a los culpables de los crímenes. Todas las autoridades han optado por la restricción de derechos y no ofrecer respuestas. El Gobierno ha estado fuertemente implicado en casos de complicidad y corrupción. Lo más triste es que los periodistas son solo un reflejo tímido de lo que en realidad está afectando a cientos de miles de mexicanos en todos los Estados de la Federación.
Mientras los periodistas toman las calles esta semana en la capital federal, otro escándalo ha ocupado las redes sociales y ha sido presentado por numerosos medios de prensa. Un grupo de normalistas fue atacado por cuerpos policiales durante un enfrentamiento callejero. Según fuentes oficiales, los jóvenes habían ocupado las calles y estaban obstruyendo la circulación. La historia de los cuarenta y tres normalistas desaparecidos de Ayotzinapa no ha dejado de ocupar titulares gracias que sus familiares se niegan a dejar morir la historia y exigen una respuesta gubernamental. Lo cierto es que, a pesar de las amenazas continuas, los reporteros no han dejado de trabajar y de seguir denunciando al mundo las seguidas violaciones de derechos humanos que tienen lugar en su país.
