Guatemala, la nación donde la muerte tiene cara de niño.
Según develó la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de Guatemala a pesar de la corta edad de los prisioneros, ya cuentan con un vasto registro delictivo que abarca desde penas menores a graves actos que les hubieran arrastrado penas mucho más fuerte de ser juzgados por un tribunal penal como adultos. El ex viceministro de Seguridad de Guatemala, Julio Rivera, opinó en medio de los debates que han surgido en las redes sociales que a los menores delincuentes del país la legislación guatemalteca le daba tratamiento de infantes de primera comunión, cuando a ojos de la sociedad son asesinos.
El mundo del internet y las redes sociales vuelve a ser testigo de los debates sociales más profundos de cada país. En esta ocasión, muchos han quedado impactados pues usuarios de redes sociales guatemaltecas demandan en estos días más severidad en las leyes que sancionan delitos cometidos por menores de edad. En los debates en línea ha primado la idea de que los niños y adolescentes que cometan crímenes como asesinatos y extorsión, entre otros delitos de carácter sumamente graves deben ser juzgados a la par de los adultos. Varios usuarios incluso llegaron a solicitar que se reactive la pena de muerte en Guatemala, luego de que el ex presidente Álvaro Colom decidió vetarla, al considerar que esa forma de castigo entra en contradicción con el derecho a la vida del prisionero y los compromisos internacionales firmados por la nación sudamericana como miembro de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Estos hechos y peticiones han surgido con más fuerza luego de los sucesos del pasado día 2 de julio cuando 300 reclusos del complejo de detención juvenil de la zona 13, llamada Las Gaviotas, se amotinaron y provocaron un saldo de 11 víctimas, de las cuales 3 fallecieron. Los medios locales destacaron el alarmante dato de que ninguno de los muertos tenía más de 18 años de edad y el ministro de Gobernación, Francisco Rivas, alertó que existían 10 fugados que aún no se habían localizado. En los trabajos realizados al respecto se conoció que como promedio la población penal del centro guatemalteco se incrementa por tres menores cada día y actualmente el número de reclusos asciende a más de medio millar de violadores, extorsionistas y asesinos, entre otros.
Según develó la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de Guatemala a pesar de la corta edad de los prisioneros, ya cuentan con un vasto registro delictivo que abarca desde penas menores a graves actos que les hubieran arrastrado penas mucho más fuerte de ser juazgados por un tribunal penal como adultos. El ex viceministro de Seguridad de Guatemala, Julio Rivera, opinó en medio de los debates que han surgido en las redes sociales que a los menores delincuentes del país la legislación guatemalteca le daba tratamiento de infantes de primera comunión, cuando a ojos de la sociedad son asesinos. De esa manera las directrices de poder en la nación van sentando su postura respecto a un tema bastante delicado por la complejidad de aristas que posee, que de ser analizadas a fondo, recaerían en gran medida sobre la propia gestión gubernamental.
Rivera también criticó duramente la postura asumida por varios organismos internacionales como Organizaciones no Gubernamentales de cooperación global mientras que los internautas descargaban quejas contra la Procuraduría de los Derechos Humanos, que impide modificar las leyes para dar mayor severidad a los menores de edad que cometan crímenes de índole grave.
Según un Informe de la Situación de la Niñez y la Adolescencia en Guatemala, elaborado por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de esa nación, el país es el territorio centroamericano que menos invierte en su niñez y adolescencia. Mientras Honduras, Costa Rica y Nicaragua destinan más del 6 por ciento del producto interno bruto a la infancia y programas para mejorar las condiciones de ese grupo etario, el Estado de Guatemala invierte solamente el 3.1 por ciento. Esta grave situación propicia que miles de niños y jóvenes sean contratados y usados por bandas y sicarios para cometer asesinatos, robos o dar escarmientos siendo estos luego los que enfrentan las penas. En el año 2014 cerca de 1500 crímenes fueron cometidos por menores de edad en Guatemala, poniendo al país bajo el severo foco de la Unicef.
