Los gastos del 9-N pasarán factura a Artur Mas
El que fuese presidente de la Generalitat de Cataluña deberá pagar los gastos que supuso la celebración de la consulta independentista del 9-N. El Tribunal de Cuentas ha comenzado a acelerar los trámites para que ni Mas ni la exvicepresidenta de la Generalitat Joana Ortega; el exportavoz del Gobierno catalán Francesc Homs, y la exconsejera de Enseñanza Irene Rigau; queden impunes de pagar los gastos ocasionados por la consulta secesionista que se fraguaron con dinero público. La intención del Tribunal es que los implicados devuelvan la cantidad que se establezca antes de la celebración del referéndum del próximo 1 de octubre.
La consulta independentista del 9-N no parece que vaya a quedar sin sanción económica. Así lo demuestra la intención del Tribunal de Cuentas quien opta por acelerar los trámites del proceso. Nadie ha de quedar impune y los miembros que conformaban el Ejecutivo catalán por aquel entonces deberán de empezar a preparar sus bolsillos. El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, encabeza el grupo de implicados en la consulta y acusados de usar dinero público para sufragar la misma. La exvicepresidenta de la Generalitat Joana Ortega; el exportavoz del Gobierno catalán Francesc Homs, y la exconsejera de Enseñanza Irene Rigau; acompañan a Mas en esta andadura que se pretende se haga efectiva antes de la celebración del referéndum unilateral prevista para el próximo día 1 de octubre.
Sobre ellos recae la responsabilidad exigida por la consejera del Tribunal de Cuentas Margarita Mariscal de Gante sobre la utilización de fondos públicos para financiar el 9-N. Es la misma Mariscal de Gante quien propone el nombramiento de un instructor que dé mayor rapidez al proceso y determine en qué partida se produjeron las anomalías y qué parte de dichas cantidades es apta para ser devuelta a la hacienda pública.
Toda una serie de trámites que surgieron a raíz de una denuncia interpuesta en conjunto por la Sociedad Civil Catalana, Acción Cívica y Cultural y Abogados Catalanes por la Constitución. En ella se señala a Mas y sus secuaces como culpables de manejar de forma indebida hasta 5,1 millones de euros durante el proceso de la consulta independentista del 9-N. Será el tribunal quien analice e identifique las distintas cantidades de dinero que posteriormente requerirá a cada uno de los investigados.
